La vía Calacalí-Río Blanco, que une al noroccidente de la provincia de Pichincha con la Costa, se encuentra sin una empresa que trabaje en la rehabilitación integral. Es decir, el cambio de la carpeta asfáltica y su mantenimiento. El tramo de la carretera estatal que está bajo la administración del Gobierno Provincial de Pichincha tiene una extensión de 156 kilómetros.

Richard Tapia, gerente de la Empresa Pública Hidroequinoccio EP que está a cargo de esta vía, señaló que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) delegó este tramo a la Prefectura desde 2018, en la anterior administración, de Gustavo Baroja.

También informó que el 26 de enero de 2021 se adjudicó bajo la modalidad de alianza estratégica a la empresa privada Sudinco, que invirtió cerca de $ 1′500.000. Sin embargo, este contrato se cayó porque los habitantes del noroccidente no aprobaron la instalación de un peaje, el cual tenía que ser construido a los seis meses del inicio de obras.

Después se tenía prevista la construcción de dos peajes más, con periodos de separación de seis meses y cada uno cobraría $ 1 a los vehículos livianos.

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“Empezó un movimiento liderado por algunos actores políticos en donde dijeron ‘no queremos que nos pongan peajes’, entonces fuimos juntos al MTOP y se les explicó que el ministerio es el que determina que para esa inversión se deben instalar los peajes (…). Finalmente, el inversionista dijo como no me garantizan fuentes de pago de mi inversión, yo me retiro”, argumentó Tapia.

La finalización del contrato se firmó el 16 de marzo de 2022 y ahora la Prefectura tiene una deuda con esta empresa privada y una vía que no tiene los fondos suficientes para su recuperación y mantenimiento.

Ayer, el asambleísta Fernando Villavicencio dijo que dicha vía fue concesionada a una empresa privada por parte de la prefecta Paola Pabón.

Ante esto, el gerente de Hidroequinoccio respondió que la ley impide que la Prefectura pueda concesionar una vía. “Eso le correspondería al MTOP, por lo tanto, no es una concesión”.

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Explicó que en la delegación que hizo este ministerio incluye la responsabilidad del Gobierno provincial para la rehabilitación, que consiste en el cambio de la carpeta asfáltica, limpieza de cunetas y señalización. Una vez que se realice la atención integral también incluye el mantenimiento de la carretera.

Pero, según Tapia, la Prefectura no tiene los recursos para atender esta vía, por lo que necesitan contratar una empresa que recupere la inversión por medio de peajes.

Finalmente declaró que para la atención de este tramo necesitan la inversión de $ 44,7 millones, porque incluye la construcción de un paso lateral en Los Bancos, un paso deprimido al ingreso de Mindo y el mantenimiento del puente Río Blanco.

Sobre la ampliación, dijo que no cumple con la norma técnica que establece que pasen aproximadamente 12.000 vehículos diarios y en esta carretera tienen la carga de 3.800. “La ampliación costaría $ 1.000 millones, pero no tenemos la carga vehicular que se necesita, aunque cuando se cierra la vía Alóag-Santo Domingo sí tenemos entre 14.000 y 15.000 vehículos”, agregó. (I)