Publicidad
Los tres procesados podrían enfrentar por el delito de tráfico de influencias una pena de tres a cinco años de prisión, según el artículo 285 del COIP.
El peculado habría ocurrido en la negociación de $ 216,2 millones en operaciones dadas entre 2017 y 2019, entre directivos del Isspol y empresas de inversión.
Los jueces penales de Pichincha Pablo Coello, Galo Rumiguano y Milton Maroto determinaron que el 16 y 17 de abril próximo se dará la audiencia de juzgamiento.
El 23 de marzo pasado, la Fiscalía dispuso formalmente el cierre de la instrucción fiscal y pidió al juez fecha para la audiencia preparatoria de juicio.
La CC declaró la constitucionalidad de las medidas de suspensión de los derechos a la inviolabilidad de correspondencia y domicilio.
La procesada es investigada por solicitar dádivas, en las que se incluyen muebles de alto costo, a cambio de “favorecer” a un ciudadano en un juicio.
La etapa de juzgamiento contra el expresidente Abdalá Bucaram, su hijo, un exagente de la AMT y el israelí Oren Sheinman se instaló el 11 de abril de 2025.
La Fiscalía en su dictamen acusatorio en el caso Triple A delimitó que el delito que se investigaba se habría cometido bajo la condición de alta escala.
Los 90 días de instrucción fiscal abierta contra los dos servidores policiales en servicio pasivo y un coronel en funciones se cierran el 19 de marzo próximo.
En este proceso se investigó a catorce personas por la sospecha de un delito de peculado en la compra de 100.000 pruebas de detección de COVID-19.
En Ecuador ha sido catalogada como especie en peligro, siguiendo los criterios de Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
La prefecta sostuvo que el cuidado, la protección y los servicios sociales no son un lujo ni un exceso presupuestario.
Paola Pabón consideró que la normativa propuesta contraviene la garantía de autonomía en los GAD.
Los rescatistas localizaron a las víctimas a unos 20 metros del sector conocido como “paso de la muerte”.
Según la Prefectura de Pichincha, se realizan trabajos de limpieza.
Institución adjudicó el servicio de mantenimiento eléctrico, electrónico e hidrosanitario a una empresa pública.
La emergencia fue atendida por los Bomberos de Rumiñahui, el COE Metropolitano, la Policía Nacional y agentes de Control Municipal.
En 2022, Fernando Balda lanzó una campaña en la que propuso depurar las instituciones públicas de lo que él calificaba como “correístas corruptos”.
La Ecuarunari escogió a los diez integrantes del Consejo de Gobierno para el periodo 2020-2029.
Según el ECU911, existen dos personas heridas.