El 13 de abril próximo se reactivará la etapa de juzgamiento en el caso Isspol-Bonos; diez acusados en 2024 fueron llamados a juicio por el delito de peculado

Corrían los 31 días del mes de enero de 2024 cuando una jueza penal de Pichincha, Irene Pérez, llamó a juicio a diez acusados por peculado en el caso denominado Isspol-Bonos. A los dos años y tres meses de ese auto de llamamiento a juicio, el tribunal integrado por los jueces Fausto Lana (ponente), Zaskia Logroño y Daniel Tufiño convoca a los sujetos procesales a instalar la etapa de juzgamiento el próximo 13 de abril en Quito, en el Complejo Judicial Norte.El llamado a juicio se confirmó una vez que la jueza Pérez encontró suficientes elementos de convicción que deben ser debatidos ante un tribunal y en medio de una audiencia. El fiscal Álex Castillo investigó a los diez sospechosos por un peculado ocurrido en operaciones financieras de inversión que habrían afectado a los fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol).Castillo fundamentó su dictamen acusatorio en calidad de autores del delito de peculado contra el empresario Jorge Chérrez; los generales (s. p.) exdirectores del Isspol, Enrique Espinosa de los Monteros y David Proaño; Alfredo Valverde, Santiago Duarte, Robert Luzuriaga y Orlando Nuques, exdirectores de Inversiones, Jurídico, de Riesgos y Económico-Financiero del Isspol, respectivamente; y Luis Álvarez, exgerente del Depósito Centralizado de Valores (Decevale) y exintegrante de la Bolsa de Valores de Guayaquil.También la Fiscalía acusó, pero como coautores del delito analizado, a Luis Domínguez, representante legal y suscriptor de contratos de la empresa Rusticussi, y Carlos Carbo Cox. Contra los acusados como autores y coautores se presentaron 170 elementos de convicción.Los diez llamados juicio, para el fiscal Castillo, serían parte de un peculado ocurrido en la negociación de $ 216,2 millones en operaciones efectuadas entre los años 2017 y 2019 por el pacto de recompra de Bonos Global 2024, entre los directivos del Isspol con la empresa ofertante de bonos Capital Ventura y las empresas Rusticussi y Provensa, suscriptoras de contratos. El escándalo financiero se destapó cuando el Isspol comenzó a pedir al Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores los fondos de esas operaciones, a comienzos de 2020. “Se descubre entonces esta estructura piramidal de estafa. (...) No tenían cómo cubrir sus compromisos”, refería en su momento la ministra de Gobierno de Lenín Moreno, María Paula Romo.Desde que se formularon cargos, este proceso penal ha pasado por diversos retrasos provocados por pedidos hechos por los procesados y también por decisiones adoptadas por la propia Fiscalía. Por ejemplo, el entonces fiscal de la causa, Martín Navarrete, emitió un dictamen abstentivo a favor del general (s. p.) Espinosa de los Monteros, exdirector del Isspol, y de Luis Domínguez, representante legal y suscriptor de contratos de la empresa Rusticussi S. A. La decisión de Navarrete fue revocada por el entonces fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, e incluyó el cambio de fiscal para el caso Isspol-Bonos. Con la revocatoria de los abstentivos, el fiscal Castillo sustentó su dictamen acusatorio no solo contra Espinosa de los Monteros y Domínguez, sino también contra los ocho restantes procesados en la causa, entre quienes está Jorge Chérrez, conocido como Mago , representante de IBcorp Investments y de otras empresas en las que el Isspol habría invertido aproximadamente $ 693 millones. El hoy exdirector del Isspol, el general Renato González, critica que luego de cinco años de abierto el procesamiento penal no exista ni un solo sentenciado en un caso tan delicado para las finanzas de la seguridad social de la Policía ecuatoriana.“Finalmente, luego de más de dos años de espera, hemos sido convocados para los días 13, 14 y 15 de abril para la audiencia de juzgamiento en el caso Isspol. $ 216 millones en bonos con pacto de recompra. Van más de cinco años. No hay un solo sentenciado. Ahí estaremos, Justicia”, manifestó González. En su momento, el Isspol informó haber tenido conocimiento de que en noviembre de 2024 John Robert Luzuriaga Aguinaga, quien fue director de Riesgos de la institución, fue deportado desde Estados Unidos hacia Ecuador. Sin embargo, a pesar de la existencia de una orden de localización y captura emitida por la jueza Pérez Villacís, su detención no se llevó a cabo de manera oportuna.La unidad judicial había dictado auto de llamamiento a juicio en su contra, pero la inacción al no emitir el oficio correspondiente permitió su ingreso al país sin ser aprehendido. Ante esta irregularidad, el Isspol interpuso acciones legales contra los funcionarios responsables en el Consejo de la Judicatura, exigiendo una investigación y las sanciones correspondientes.El Isspol, en el marco de sus competencias, ha realizado todas las gestiones necesarias para el respectivo impulso procesal; sin embargo, han transcurrido años sin que se obtenga una sentencia dentro del presente caso, “comprometiendo no solo el debido proceso, sino también la confianza en el sistema judicial ecuatoriano”.Los alegatos de los acusados se han centrado en desestimar su responsabilidad en el manejo de las inversiones “riesgosas” dadas para con fondos del Isspol, pues, dijeron, se realizaron en periodos en que no habrían ejercido sus cargos.La defensa del Mago Chérrez, procesado ubicado como prófugo de la justicia al tener una orden de prisión preventiva vigente y que estaría en México, apuntó que las operaciones no fueron bursátiles sino de naturaleza privada, justificando que los bonos no fueron registrados en el catastro público porque dejó de ser una exigencia desde 2015. Mientras tanto, el abogado de Domínguez sostiene que no hay delito en este caso y recordó que en audiencia se presentaron pericias contables que evidenciarían que no existe ningún perjuicio al Isspol.Desde las 08:15, el tribunal de juzgamiento ha convocado para dar inicio a la audiencia de juzgamiento del caso Isspol-Bonos. La diligencia arrancará con la presentación de los alegatos de apertura o lo que se propone aprobar en la diligencia la Fiscalía, el Isspol como acusación particular y cada una de las defensas de los diez procesados. Luego de ello, el fiscal Álex Castillo procederá a presentar la teoría del caso y las pruebas testimoniales, periciales y documentales que mantiene para fundamentar su acusación. Inmediatamente será el turno del resto de los sujetos procesales.El artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que habla del delito de peculado, señala que los servidores públicos, las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado o los proveedores del Estado que, en beneficio propio o de terceros, abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos, efectos que los representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud o razón de su cargo, serán sancionados con pena privativa de libertad de diez a trece años.Se aclara que serán sancionados con la misma pena como responsables de peculado los funcionarios, administradores, ejecutivos o empleados de las instituciones del Sistema Financiero Nacional que realicen actividades de intermediación financiera, así como los miembros o vocales de los directorios y de los consejos de administración y vigilancia de estas entidades que, en beneficio propio o de terceros, abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros privados, efectos que los representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud o razón de su cargo. 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