Transcurridas casi dos semanas de movilizaciones convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) en demanda de acciones concretas del Gobierno para afrontar la compleja situación económica del país, la tónica de las jornadas de protesta ha pasado de pacífica a violenta en algunas provincias.

La calentura en carreteras y calles aumenta, y no solo por el bloqueo del transporte terrestre con quema de llantas, palos y troncos o la colocación de montículos de piedras y tierra en ciertas rutas.

El comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, informó que durante diez días de las manifestaciones han sido detenidas 106 personas. Las causas: tenencia de armas de fuego, ataques a servidores policiales, bloqueo de servicios públicos, entre otros delitos.

En diez días de protestas se aprehendió a 106 personas; los delitos imputados son posesión de armas de fuego, ataques a servidores y bloqueo de servicios públicos

Lo ocurrido en Puyo, capital de la provincia amazónica de Pastaza, es el más reciente ejemplo de esa mutación en el ánimo de las protestas. El saldo de los incidentes entre manifestantes y las fuerzas del orden: 18 vehículos incinerados, 6 policías heridos, y algunos retenidos que luego, tras reuniones, fueron liberados. También en estos días de ha contaminado agua y se ha tomado una subestación en Tungurahua.

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Estos actos violentos en Puyo se agudizaron al conocerse la muerte de un manifestante kichwa durante un enfrentamiento presuntamente con la Policía. Los indígenas afirman eso, pero la institución policial niega aquello.

Hubo saqueos y una agencia del Banco Guayaquil fue incendiada. Y mientras eso ocurría, periodistas de medios digitales fueron impedidos de grabar la situación.

En Puyo, varios de los autos que estaban en el interior del Comando de Policía resultaron quemados tras los actos vandálicos de la noche del martes 21 de junio. Foto: Tomado de portal web de noticias Semanario El Observador

Antes de este escenario similar al de una batalla campal, el domingo 19 de junio, en el cantón Shushufindi, provincia de Sucumbíos, el bloqueo de carreteras ya marcaba un precedente que lamentar. Según el gobernador de esta jurisdicción amazónica, una persona murió al no poder ser trasladada al hospital cantonal.

En Quito, capital de la República, sede de los poderes del Estado, se reportan daños a bienes públicos. El parque el Ejido registra árboles quemados, destrucción de lámparas, adoquinado, bancas, letreros informativos, tapas de sumideros, entre otros. La tarde del miércoles 22 de junio, protestantes irrumpieron en el edificio de la Fiscalía General del Estado.

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La dirigencia indígena deslinda su responsabilidad en actos vandálicos, señala que en las movilizaciones hay infiltrados que promueven la violencia y los enfrentamientos con la Policía.

Para Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos, los hechos en Puyo y en otras localidades son factores que aceleran y agudizan la conflictividad social.

“Hacen que las posibilidades de diálogo vayan disminuyendo. Creo que debemos, sobre todo desde las autoridades, mantener un discurso de serenidad, y de los manifestantes, específicamente los dirigentes, en esto”, sostuvo el activista.

Él enfatizó que no cabe recurrir a la violencia como un medio para el reclamo de derechos, ni para la contención de las protestas.

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“No cabe el daño a la integridad física y peor a la vida de los actores que están, digamos, envueltos directamente en las contiendas de protesta. Estos no son mecanismos idóneos para solventar las necesidades en materia de protección de derechos humanos”, recalcó.

No cabe el daño a la integridad física y peor a la vida de los actores que están, digamos, envueltos directamente en las contiendas de protesta. Estos no son mecanismos idóneos para solventar las necesidades en materia de protección de derechos humanos

Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

Ante los hechos violentos registrados en ciertas provincias, el martes 21 de junio, el ministro de Defensa, Luis Lara, señaló que detrás de esta protesta nacional estarían involucrados el narcotráfico y la delincuencia organizada.

El secretario de Estado expuso que las Fuerzas Armadas no permitirán que se rompa el orden constitucional o cualquier acción que atente contra la democracia.

Lo dicho por Lara fue descartado por Leonidas Iza, presidente de la Conaie, quien calificó como “irresponsables” a las autoridades gubernamentales que han afirmado que el paro tenga nexos con el narcotráfico.

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Billy Navarrete considera que esta es una estigmatización contraria al espíritu de las movilizaciones en curso, que surgen de reclamos legítimos de derechos humanos colectivos. Ese “señalamiento” de los manifestantes como vándalos, dijo, tampoco cabe.

Con un escenario en el que los intentos de diálogo no prosperaron, a inicios de semana el presidente Guillermo Lasso derogó el Decreto 455 que había establecido el estado de excepción en tres provincias del país desde el viernes pasado y emitió uno nuevo, el 459, donde se dispuso la medida en seis (Cotopaxi, Imbabura, Pichincha, Chimborazo, Pastaza y Tungurahua).

Diego Zavala, docente de Derecho en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG), cree que a estas alturas en algunas manifestaciones se han configurado ya ciertas infracciones establecidas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

“Infracciones contra la propiedad, daño a bien ajeno; contra la integridad de las personas, como las lesiones; o incluso inviolabilidad de la vida, como el caso de los dos pacientes que no pudieron ser atendidos por equipos médicos que se trasladaban en ambulancias (casos, según el Ministerio de Salud Pública, se dieron en Esmeraldas y Sucumbíos)”, comentó el profesional del Derecho.

Él percibe que la figura penal más frecuente ha sido la del delito contra la seguridad pública y en este marco citó como ejemplos la paralización de servicios públicos (art. 346), que se sanciona con uno a tres años de prisión; sabotaje (art. 345), que establece una pena privativa de libertad de cinco a siete años. La sanción puede ser de siete a diez años si se destruye infraestructura de los sectores estratégicos.

A través de tanqueros se distribuye agua a diferentes sectores de Ambato mientras se desinfecta el sistema de dotación por tuberías que fue contaminado esta semana. Cortesía Emapa. Foto: El Universo

Zavala mencionó, además, la figura de incitación a discordia entre ciudadanos (art. 348), para la cual hay pena de uno a tres años de prisión.

Gabriel Vanegas, abogado penalista, mencionó que, de manera general, basándose en información difundida por los medios de comunicación y redes sociales, en algunas movilizaciones en las que se ha excedido el derecho a la protesta los participantes presumiblemente estarían incurriendo en el daño a bien ajeno estipulado en el artículo 204.

La sanción por estos hechos es prisión de uno a tres años, en los siguientes casos: si por el daño provocado se paralizan servicios públicos o privados, si los objetos son de reconocida importancia científica, histórica, artística, militar o cultural, si se utiliza fuego para el daño o la destrucción de bienes muebles, si son bienes inmuebles que albergan reuniones masivas.

Manifestantes atacan edificio de la Fiscalía y queman documentación

La pena aumentará de tres a cinco años si se emplean sustancias venenosas, corrosivas o tóxicas. Esta semana, por ejemplo, en Ambato se confirmó la contaminación con un hidrocarburo del sistema Troya, con el que se distribuye agua potable al centro de la ciudad y sectores aledaños.

Por esta situación el suministro del líquido se suspendió en varias zonas, donde se entrega agua a través de tanqueros.

Si se destruye gravemente la vivienda de otra persona, impidiendo que esta viva en ella o si se utilizan explosivos para el daño o la destrucción de bienes inmuebles, la sanción privativa de libertad es de cinco a siete años. (I)