El Gobierno nacional declaró la fuerza mayor para las empresas petroleras que mantienen contratos bajo la modalidad de prestación de servicios en el país. Lo hizo el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables (MERNNR), mediante Resolución MERNNR-VH-2021-0035-RM de 12 de diciembre de 2021.

Esto debido a los problemas que se generan con la erosión del río Coca que ya se ha extendido tanto al río Quijos como al río Piedra Fina. La amenaza que se cierne en estos momentos en el sector ha llevado a detener el transporte de petróleo por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), así como de derivados en el poliducto Shushufindi Quito, de Petroecuador y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) de la empresa privada.

De acuerdo con Petroecuador, “la fuerza mayor es una cláusula establecida en los contratos petroleros que permite suspender ciertos compromisos cuando se produce una circunstancia imposible de resistir, imprevisible, o que no pueda ser evitada, que ocasione la obstrucción o demora, total o parcial del cumplimiento de las obligaciones entre las partes, como es el caso del fenómeno natural de erosión que pone en riesgo la infraestructura petrolera”.

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El tema genera graves consecuencias a la economía nacional. Según las autoridades petroleras, el país podría empezar a incumplir compromisos como de entrega de crudo en las exportaciones e incluso apagar pozos y cerrar campos.

Al respecto, la EP Petroecuador informó que se implementará el Plan de Contingencia Operativa, mediante el apagado progresivo de pozos. Esto implicará el cierre de campos, de acuerdo con la disponibilidad de almacenamiento en cada uno de ellos y en los tanques de almacenamiento del SOTE y el OCP, dijo la entidad estatal.

Por otra parte, Petroecuador anunció que se realizarán las coordinaciones técnicas y logísticas para mantener el abastecimiento de combustibles a escala nacional. Se ratifica que EP Petroecuador cuenta con el stock suficiente de gasolinas, diésel, jet fuel, fueloil para generación eléctrica y GLP de uso doméstico en todas sus terminales. Los productos derivados de petróleo se comercializan con normalidad a la ciudadanía, dijo.

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De acuerdo con el Ministerio, con esta declaratoria ya se implementan planes de acción y contingencia, para minimizar el impacto de la situación, en toda la cadena de hidrocarburos: exploración, producción, refinación e industrialización, transporte y almacenamiento y comercialización interna y externa de hidrocarburos y sus derivados.

Actualmente se construyen variantes emergentes que permitan retomar el bombeo de crudo. Una vez que la EP Petroecuador como el OCP cuenten con las condiciones técnicas para reanudar operaciones, deberán notificar al MERNNR y a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCRNNR), dijo el Ministerio, sin embargo al momento no hay una fecha probable para la solución del problema.

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Miguel Robalino, experto en temas petroleros, explicó que la situación actual es compleja, pues el país podría empezar a incumplir con los compromisos de entrega de crudo, lo cual dependiendo de las cláusulas de los contratos podría generar sanciones para el país. Expresó que las empresas que compran petróleo al Ecuador también tienen compromisos de entrega en refinerías. Adicionalmente, indicó que el hecho de apagar pozos representa procesos costosos.

Para Robalino, el Gobierno y especialmente las autoridades de Energía que ya venían desde el anterior gobierno y conocían muy bien la situación de la erosión regresiva, no han tomado medidas efectivas contra el fenómeno. Sostuvo que las variantes han costado dinero y tiempo valioso, sin llegar a un buen resultado.

La erosión regresiva amenaza también a la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, pues se encuentra a 7,9 km de distancia de las obras de captación. Adicionalmente, a finales de la semana pasada, se conoció de la destrucción de un tramo de la carretera Lago Agrio-Quito, en el sector de El Reventador. Por ello, en el sector no hay paso y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas han pedido a los ciudadanos usar vías alternas. (I)