El viceministro de Hidrocarburos y presidente del Comité de Licitaciones Hidrocarburíferas (COLH), Guillermo Ferreira, considera que en este mes de enero ya se debería tomar una resolución sobre la concesión o no del campo Sacha al consorcio conformado por la petrolera estatal china Sinopec y Petrolia, que ofrece a Ecuador un pago anticipado de $ 1.500 millones a cambio de hacerse con la operación del bloque 60, que está ubicado en la provincia de Orellana.

Ferreira explicó que se han hecho todos los informes correspondientes y ahora están siendo evaluados por los integrantes del Comité de Licitaciones. Posteriormente se convocará a una reunión del COLH para resolver el tema.

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“Yo pienso que la decisión se debe tomar este mes. Este mes se sabrá si nosotros tomamos esta decisión o no tomamos la decisión (sobre la propuesta del consorcio)”, dijo el viceministro este 22 de enero, luego de participar en la presentación del plan de inversiones para el sector de hidrocarburos, mediante el cual el Gobierno aspira a captar $ 42.000 millones hasta el año 2029.

El viceministro comentó que la decisión de concesionar o no el bloque 60 “no solamente se toma como un negocio”, sino que responde a las necesidades que afronta el campo. Explicó que los cuatro yacimientos de Sacha están presentando características de presión “muy bajas” y esto pondría en riesgo la producción de las reservas estimadas en ese bloque, porque “lo que está saliendo es más gas, más rápido que el mismo petróleo”, indicó.

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La situación amerita implementar cierta tecnología y ejecutar proyectos de recuperación secundaria que se convierten más riesgosos. En esas circunstancias se comprometen mucho más las inversiones previstas por el Estado, no solo porque se necesitan campañas de perforación, resumió Ferreira, al tiempo de mencionar que los últimos tres años se han emprendido campañas de perforación, pero por las condiciones del yacimiento esto solo ha servido para mantener la producción y no para incrementarla.

“El nivel de infraestructura que tenemos nosotros ahorita es una infraestructura que tiene más del 60 % de las instalaciones en riesgo, porque tiene altos problemas de severidad. No tenemos los sistemas contra incendios. Entonces, realmente comprometer la infraestructura 20 años más en condiciones como esta pone en riesgo la operación del campo, pone en riesgo las condiciones ambientales, pone en riesgo la seguridad de nuestro personal”, señaló.

El pasado 26 de noviembre, la ministra de Energía y Minas encargada, Inés Manzano, firmó el acuerdo ministerial 60, en el que se declaró la “excepcionalidad” de delegar el bloque 60 Sacha a “empresas estatales o subsidiarias de estas” de países de la comunidad internacional, para la exploración y explotación adicional de hidrocarburos.

El Gobierno recibió una oferta de Benhe Cheng y Ramiro Páez, apoderados de las empresas Amodaimi Oil Company SL (subsidiaria de la petrolera estatal china Sinopec) y de Petrolia Ecuador S. A. (filial de la petrolera canadiense New Stratus de Energy), quienes el 15 de noviembre de 2024 enviaron una propuesta.

Se conoce que la oferta del consorcio es operar el bloque por 20 años. Promete un pago anticipado de $ 1.500 millones. Durante el tiempo de delegación se proyectan más de $ 1.700 millones en inversiones y aumentar la producción diaria del bloque de 75.000 barriles a 100.000 barriles.

Al respecto, el viceministro de Hidrocarburos explicó que hace aproximadamente seis meses el Ministerio de Energía recibió una propuesta del consorcio, que mostró interés por invertir en Sacha. Se firmaron acuerdos de confidencialidad y se les entregó información para que puedan hacer sus evaluaciones.

Pasaron unos meses y el Gobierno invitó a más compañías estatales. A todas se les dio como plazo hasta el 15 de noviembre para presentar sus propuesta técnica y económica; sin embargo, solo llegó la oferta del consorcio liderado por Sinopec, aseguró Ferreira.

Confirmó que por la delegación el Estado se quedaría con el 81 % de la renta petrolera, de los ingresos totales del proyecto. Y aclaró que en un inicio los empresarios habían planteado entregar una prima de entrada de $ 1.100 millones, con una composición del 12 % de financiamiento, pero esto no fue aceptado por el Gobierno, se negoció y se acordó la suma de $ 1.500 millones.

“Nosotros no aceptamos eso del 12%. Nos sentamos a negociar, conseguimos 1.500 millones de dólares en prima. Esa prima cumple las características de que no es un financiamiento, es un pago, una inversión adelantada”, puntualizó el viceministro. (I)