La renegociación del campo Tarapoa anunciada hace pocos días por el Ministerio de Energía como un logro ha recibido varias críticas desde el sector de trabajadores y de expertos petroleros.

El contrato con la empresa china Andes Petroleum terminaba en 2025 y se extendió hasta el 2040 pactando una inversión de $ 163 millones durante el periodo de la extensión.

El secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores de Empresas de Energía y Petróleo (Antep), David Almeida, explica que el bloque 62 (Tarapoa) actualmente produce un promedio de 20.000 barriles por día que son 7,3 millones de barriles por año. Además, que a la empresa Andes Petroleum se le paga una tarifa de $ 35 por barril. Esto, mientras el costo de producción promedio de un barril en la empresa estatal en 2023 fue de $ 18,59 por barril. Para el representante gremial, esto quiere decir que con la reversión al Estado que debía darse en 2025, solo por no pagar tarifa a la contratista, el Estado hubiera recibido en renta petrolera cerca de $ 120 millones adicionales en un solo año. Esto sin contar con la incorporación a los activos estatales de todas las instalaciones de superficie.

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“En resumen, esto significa que el Ministerio de Energía firmó la extensión de un contrato para recibir en quince años lo que hubiera recibido en apenas un año y medio con la reversión”, dice.

El representante de los trabajadores hizo un llamado para que organismos de control auditen el proceso de negociación, a quienes suscribieron el contrato y al equipo negociador, para determinar la posible existencia de responsabilidades. “El Ministerio de Energía le debe al país una explicación por esta vergüenza de negociación”, agrega Almeida.

Entre tanto, el exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, Pablo Noboa, dice que basándose en la información disponible “los resultados obtenidos son insatisfactorios, dado que implican una inversión adicional de $ 163 millones a lo largo de una extensión del contrato hasta finales de 2040, lo que equivale a una inversión anual de $ 10 millones”.

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Para Noboa, este monto podría haber sido fácilmente asumido por Petroecuador, con un costo de producción muy inferior al del contrato extendido, especialmente considerando que las inversiones en el bloque 62 ya están amortizadas.

En lugar de optar por la extensión del contrato, Petroecuador podría haberse hecho cargo del campo y haber invertido los $ 163 millones en un periodo mucho más corto. Sin embargo, es importante destacar que se ha prestado poca atención a las ineficiencias operativas de Petroecuador. Por ejemplo, en el año 2023 la empresa no ejecutó un presupuesto de $ 400 millones, lo que sugiere la existencia de problemas de gestión presupuestaria.

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En este sentido, Noboa explica que aunque muchas voces señalen la falta de recursos en la empresa estatal es esencial reconocer también la necesidad de abordar estas ineficiencias internas. La mejora de la eficiencia operativa podría permitir a Petroecuador asumir responsabilidades adicionales y realizar inversiones significativas sin depender de extensiones de contratos o inversiones adicionales poco representativas, como la de este caso.

Lo ocurrido con Tarapoa debería ser auditado por Contraloría consideran los trabajadores, y también piden a la opinión pública mantenerse alerta sobre posibles renegociaciones similares. “No se ha dado aún información de los otros contratos que están por fenecer, pero alertamos a la opinión pública respecto de la posible ocurrencia de actos similares para el resto de bloques que están en manos de empresas privadas”, dice Almeida.

Esto en referencia al anuncio del viceministro de Hidrocarburos, Silvio Torres, realizado hace pocos días sobre la renegociación de siete contratos modificatorios con varias empresas privadas. Estos podrían generar una inversión de $ 700 millones. El anuncio lo hizo durante la rendición de cuentas del Ministerio de Energía. Los campos en renegociación son: Tarapoa, MDC, Palandra, Eno Ron, Ocano Peña Blanca, Pindo, Gustavo Galindo (Costa). (I)