Una proforma para el 2023 de $ 31.503 millones, con una previsión de necesidades de financiamiento por $ 7.577 millones y un presupuesto destinado al sector social de $ 15.000 millones, fue la que presentó el Ejecutivo este 31 de octubre que terminaba el plazo para dicha entrega, de acuerdo a la Constitución. El monto total de la proforma 2023 es menor que los $ 33.899,73 millones previstos en la proforma del 2022 y también más bajo que los $ 35.400 millones que aparecen como presupuesto codificado a diciembre de este año, en la ejecución presupuestaria.

El ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena Marriott, entregó de manera formal el documento al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela.

De manera general, el ministro describió a la nueva proforma como una herramienta pensada con la cabeza, pero también con el corazón, con empatía social. Explicó que la proforma llega con menos déficit fiscal y mayor inversión social “es una herramienta de desarrollo, es una proforma con la cual el Gobierno habla con la sociedad”. Dijo que la inversión social está conformada por los presupuestos sectoriales de Educación, Salud, Trabajo, Vivienda y Bienestar Social, entre ellos, los bonos. En este sentido indicó que el 48 % de la proforma es inversión social.

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De acuerdo con el Ministerio del ramo, la proforma cumple con las normas constitucionales de incremento del 0,5 % del PIB para el Sistema Nacional de Salud y para la Educación Inicial, Básica y Bachillerato. Sumados los dos ámbitos aumentan en total $ 1.223,7 millones.

Están contabilizados, además, $ 380 millones de aumento en la masa salarial del magisterio para cumplir con lo dispuesto por la Corte Constitucional.

También se prevé un mayor presupuesto para universidades y gobiernos autónomos descentralizados (GAD). “Gracias a la reactivación y dinamización de la economía, las entidades de educación superior recibirán, en el 2023, $ 200 millones adicionales por concepto del Fopedupo”, informó la cartera de Estado.

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Los GAD tendrán una asignación de $ 3.357 millones, superior a los $ 2.939 millones establecidos en el presupuesto inicial de este año.

Con respecto al presupuesto para pagar el 40 % del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), recordó que este es el Gobierno saldando las deudas históricas. En 2022 se va a pagar $ 300 millones de deudas correspondientes de Gobiernos anteriores, que datan del 2011 en adelante. Comentó además que esos pagos se continuarán haciendo, de acuerdo al ritmo que el IESS a su vez vaya generando los procesos de auditoría de las deudas. Dijo que este año se está destinando a la Seguridad Social en general unos $ 3.109 millones, de los cuales $ 2.354 millones son para el IESS, tanto para el pago del 40 %, como de otras deudas pendientes. Así remarcó la diferencia con el Gobierno del 2015 que decidió, antes que cumplir con estas obligaciones, eliminar el aporte del 40 % a la entidad.

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De acuerdo con Arosemena, el Gobierno prevé vender varios activos este año, y señaló de manera específica al Banco del Pacífico.

En cuanto al tema de subsidios, dijo que el Gobierno está siendo conservador a la hora de presupuestar los recursos, pero que a la vez son optimistas al pensar que pronto podría concretarse el proceso de focalización. Esto se podría ver traducido a futuro en el presupuesto codificado del año 2023.

El ministro dijo que hay importantes recursos para seguridad, que permitirán incrementar el número de policías de 53.000 a 80.000 efectivos.

En cuanto al tema de ingresos, Arosemena dijo que se proyecta tener una mejor recaudación tributaria, sin la necesidad de subir impuestos, sino con base a una mejor gestión de control del Servicio de Rentas Internas (SRI) y ampliando la base de contribuyentes. En cuanto a los ingresos petroleros considera que el precio del crudo de $ 65 es un precio prudente, que le permitirá al Gobierno manejarse preventivamente frente a posibles problemas económicos que se pudieran presentar en el 2023, a nivel mundial.

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La principal fuente de financiamiento del presupuesto del próximo año seguirán siendo los organismos multilaterales de crédito, que otorgan créditos en condiciones beneficiosas para el país. El Plan anual de inversiones ha establecido un monto de $ 1.871 millones en el año.

De acuerdo con los cálculos del Gobierno, el 2023 el déficit fiscal se reducirá a $ 2.630 millones, que refleja una rebaja si se compara con los $ 3.783 millones que constaban en el presupuesto inicial del 2022. El ministro aseguró que es sano para las finanzas ir bajando de a poco dicho déficit.

La proforma contempla los supuestos macroeconómicos elaborados de manera técnica, a través de una coordinación interinstitucional, ha dicho el Ministerio:

• Precio promedio del barril de exportación de petróleo: $ 65

• Crecimiento real del PIB: 3,1 %.

• Inflación acumulada: 2,55 %

• Volumen de producción fiscalizada de petróleo: 188 millones de barriles.

• PIB nominal: $ 122.369 millones. (I)