Las pérdidas económicas generales, provocadas por el paro indígena, llegan hasta el momento a $ 500 millones, informó el viceministro de Economía, José Gabriel Castillo. Para el funcionario, en este tipo de medidas no pierde solo el Estado, sino también el sector productivo. Explicó que de lo que se ha revisado, las Cámaras de Comercio y Producción reportan pérdidas por alrededor $ 450 millones, a lo que habría que sumarle las pérdidas petroleras por los cierres de pozos. Según la última estimación del Ministerio de Energía, las pérdidas en la producción petrolera llegarían a $ 51 millones.

Solo en el área petrolera las cifras que maneja el Ministerio de Energía indican que en los últimos 11 días se ha disminuido la producción en más de 570.000 barriles de petróleo. La mayor pérdida la registra Petroecuador con 468.133 barriles menos de producción y las empresas privadas con 101.678 barriles de reducción.

Así, el Ministerio informó que por las paralizaciones el Estado dejó de percibir $ 51 millones, dinero que pudo haberse destinado a educación, salud y trabajo social. Hasta la fecha, se han cerrado 918 pozos, en su mayoría de Petroecuador, en las provincias de Orellana, Sucumbíos, Pastaza y Napo.

Ente tanto, el gerente general de EP Petroecuador, Ítalo Cedeño, informó este jueves, 23 de junio de 2022, que debido al paro nacional la estatal petrolera ha dejado de producir cerca del 40 % de crudo en sus campos petroleros ubicados en las provincias de Orellana y Sucumbíos. Solo en Petroecuador hay 781 pozos apagados y 31 torres paralizadas, cifras que representarían aproximadamente un perjuicio económico directo para el país de $ 45 millones, considerando un precio del WTI (marcador del crudo ecuatoriano) de $ 100, sin contar los daños a la infraestructura hidrocarburífera, robos y sabotaje de equipos, entre otras acciones ocasionadas por grupos externos a la empresa que buscan vulnerar sus instalaciones y parar las operaciones.

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Como consecuencia de estos actos de sabotaje y vandalismo, también señaló que se pararon varias centrales de generación que proveen de electricidad a los bloques petroleros, oleoductos pequeños, y actualmente el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) se encuentra sin crudo para bombear, razón por la cual se declaró de manera oportuna la Fuerza Mayor en toda la cadena de valor de la empresa, para evitar demandas y multas por los compromisos contractuales previamente adquiridos. “Las afectaciones son en todos los campos petroleros, especialmente en Sacha, Lago Agrio, Auca, Libertador, Coca Payamino – Yuralpa, Cuyabeno, Shushufindi e Indillana, que son atacados continuamente por los manifestantes. Estamos haciendo nuestros mayores esfuerzos con jornadas extendidas para no parar las operaciones, ya que la situación es preocupante y si continúa de la misma manera solo tendremos de tres a cuatro días de vida operativa para poder trabajar en estas condiciones”, indicó.

Castillo también dijo que a todo este panorama hay que sumarles las pérdidas patrimoniales, que han tenido que ver con incendio en cuarteles de la Policía, de vehículos y afectaciones en las ciudades. Sobre este último punto, dijo Castillo, estamos esperando que nos den el reporte de forma oficial las diversas entidades afectadas.

Lamentó que estas pérdidas económicas van a tener un impacto en las previsiones de crecimiento, que hasta antes del paro eran muy optimistas y venían siendo actualizadas al alza. Que se cumplan las buenas expectativas ahora va a depender de que se pueda resolver este problema, dijo.

Lo que sucede al momento en el Ecuador recuerda a las enormes pérdidas causadas por el paro de octubre del 2019, cuando las pérdidas económicas fueron calculadas en alrededor de $ 800 millones. “Si continuamos en esta misma ruta, vamos a terminar al mismo nivel”, comentó Castillo.

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Sin embargo, la protesta indígena ha afectado también a otros sectores estratégicos como el eléctrico y el minero.

Así lucía la Estación de Tisaleo tomada por indígenas. Los indígenas pidieron apagar la estación buscando dejar sin luz a Guayaquil. Cortesia: Celec Foto: El Universo

La noche del miércoles 22 de junio, más de 300 personas de varias comunidades indígenas y campesinas se tomaron la subestación Tisaleo, ubicada en Tungurahua, que opera a nivel de 500.000 voltios. Los manifestantes ingresaron a las instalaciones y exigieron la desconexión de esta subestación. De acuerdo con las declaraciones de personal de la estación, lo que buscaban era apagarla a fin de dejar sin energía a Guayaquil. Esto porque esta subestación, fundamental para el país, es parte del sistema de transmisión en extra alta tensión, que lleva la energía eléctrica de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair hasta la subestación Chorrillos en Guayaquil. En una primera acción tomaron retenidos a los operadores, pero luego los liberaron, aunque siguen tomadas las instalaciones de manera pacífica.

Celec EP Transelectric junto al Operador Nacional de Electricidad informaron que pese a estos problemas realizan las coordinaciones necesarias y garantizan, mediante el acondicionamiento del sistema, el servicio de energía eléctrica.

El ministro de Energía y Minas, Xavier Vera Grunauer, destacó los esfuerzos del Gobierno para garantizar el servicio eléctrico durante la emergencia nacional, a causa del paro de actividades. Destacó que la operación del sistema eléctrico no se ha detenido, pues “ha sido un trabajo de comunicación continua entre los sectores”. El ministro Vera, sin embargo, alertó también que han tenido información de que se estaría pensando en una posible toma de la Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la más importante del país.

La central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair permanece resguardada por militares, en prevención de algún tipo de desmanes. Foto: Cortesía Foto: El Universo

En el tema minero también han ocurrido siniestros. El 21 de junio se conoció, además, que personas encapuchadas se introdujeron en un campo minero de la empresa Lowell y le prendieron fuego. Aún no se contabilizan esos daños. Entre tanto, según el Ministerio del ramo, las pérdidas diarias de pequeña minería serían de alrededor de $ 1,4 millones. (I)

Uno de los ocho campamentos del proyecto minero Warintza, ubicado en la Coordillera del Cóndor fue vandalizado este 21 de junio. Los trabajadores del campo están a salvo gracias a que se pudo realizar una evacuación inmediata. Foto tomada de Redes Sociales Foto: El Universo