“Creemos que no se debe prohibir la explotación del bloque 43″. Con esta afirmación, la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) expresó su posición frente a la consulta popular relacionada con el bloque 43 ITT (Ishpingo, Tambococha y Tiputini), convocada para el próximo 20 de agosto.
A un poco más de dos meses de las elecciones anticipadas para presidente y vicepresidente de la República y asambleístas, los electores también tendrán que responder sí o no a la pregunta planteada en esta consulta: “¿Está usted de acuerdo con que el Gobierno mantenga el petróleo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente en el subsuelo?”
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A través de un comunicado, la CCG expuso cinco puntos en los cuales hacen varias reflexiones sobre la situación económica del país al no contar con recursos suficientes para atender las necesidades de la ciudadanía.
Como primer punto indicó que es “un dilema multimillonario y de múltiples repercursiones”, por lo que la consulta “tiene el potencial de modificar el futuro económico del Ecuador”. Aseguró que la zona produce alrededor de 55.000 barriles diarios, lo que equivale al 14 % de la producción total del país.
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“Detener el 14 % de la producción petrolera y dejar de percibir $ 1.200 millones anuales será un duro golpe a la economía”, aseguró el gremio.
Agregó: “Ecuador enfrenta una decisión crucial que afectaría la sostenibilidad fiscal. Además, menores ingresos petroleros limitarían la capacidad de sostener, peor aumentar, el rubro que se le destina a la inversión de obra pública”.
El gremio afirmó que la no explotación significaría que los siguientes gobiernos tendrían menos ingresos. “En caso de que los ecuatorianos decidan mantener el petróleo del bloque 43 bajo suelo, el siguiente gobierno enfrentará desafíos fiscales significativos”, advirtió la Cámara.
Colectivos y gremios ya alistan campañas por el Sí y por el No dentro de la consulta del Yasuní ITT
Por otro lado, señaló que el “gasto público continuará aumentando”, y para sustentar esta tesis explican que la Constitución establece incrementos anuales del 0,5 % del producto interno bruto (PIB) para el presupuesto asignado a la salud y educación, además de ello, se debe considerar que Ecuador tendrá que realizar pagos considerables por amortizaciones y servicios de la deuda pública. “No es posible tener menos ingresos y mayores gastos al mismo tiempo. Si se reduce uno, habrá que reducir el otro. La coherencia tiene que prevalecer”, enfatizó el gremio.
En otro punto indicó que “la medicina podría ser peor que la enfermedad”. Bajo este argumento dijeron que ven con preocupación que se proponga aumentar los impuestos para compensar y cubrir el gasto, cuando “lo que necesita el país es menos carga tributaria”. (I)