Dirigentes indígenas, campesinos y de trabajadores convocaron a marchas en la provincia de Azuay, para el mes de septiembre, y un posible levantamiento “indefinido”, en contra de la minería en Quimsacocha y si el Gobierno no revoca la licencia ambiental otorgada al proyecto Loma Larga.

Lauro Sigcha, presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), que es filial de la Ecuarrunari, manifestó que la reacción de las comunidades es contundente ante lo que considera una “invasión gubernamental”.

“Vamos al levantamiento por el agua en el Azuay”, advirtió el dirigente durante una rueda de prensa realizada la mañana de este jueves, 21 de agosto, en Quito.

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Según dijo, la resistencia ha crecido y ahora incluye a campesinos, estudiantes, trabajadores y académicos.

La primera gran manifestación está programada para el 16 de septiembre, en Cuenca, donde participarán organizaciones de diversa índole.

“Vamos a llenar esas plazas y decirle al Gobierno: nunca podrá explotar Quimsacocha, porque nos encuentra totalmente unidos”, expresó y enfatizó que la protesta es para que se respeten las consultas populares donde la mayoría de votantes se pronunciaron contra la actividad minera en los páramos de Quimsacocha.

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Las acciones se radicalizarán si el Gobierno no atiende sus reclamos y no retira la licencia ambiental para el proyecto Loma Larga, que está concesionado a la empresa canadiense Dundee Precious Metals (DPM).

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En ese contexto, Sigcha adelantó que el 23 de septiembre habría “un levantamiento indefinido”, que implicaría cerrar vías y paralizar actividades hasta que se respete la voluntad popular expresada en las consultas populares de Girón (2019) y Cuenca (2021).

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“Ese levantamiento significa que vamos a cerrar los espacios, las vías, hasta hacerle retroceder al Gobierno. Ya lo hicieron retroceder los hermanos de Archidona cuando quisieron imponer la cárcel. Vamos a tomar esos ejemplos de los hermanos amazónicos. Estamos convencidos y por eso estamos construyendo esta unidad con los hermanos trabajadores, pero también con la Conaie, con la Ecuarrunari. Estamos juntos preparando ese gran levantamiento que le va a hacer sentir realmente que el pueblo nunca puede ser burlado”, exclamó el presidente de la FOA.

Además de las movilizaciones, se preparan otras medidas, de índole legal, con el fin de frenar la minería.

Los dirigentes se reunirán este jueves con representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a quienes expondrás supuestos incumplimientos y faltas por parte del Estado en la realización de la consulta previa, que antecedió al otorgamiento de la licencia ambiental al proyecto Loma Larga.

Las organizaciones sostienen que el Gobierno ejecutó una “consulta fraudulenta”, que no se efectuó en las comunidades afectadas, sino en un recinto militar rodeado de más de 200 militares y policías.

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Yaku Pérez, excandidato presidencial y abogado de la FOA, anunció que presentarán acciones legales a nivel internacional.

Reveló que ya se presentó una ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y se espera una resolución.

Pérez criticó que el régimen de Daniel Noboa haya aprobado, en julio, la emisión de la licencia ambiental para Loma Larga, a pesar de que el Estado ecuatoriano ha perdido en distintas causas judiciales previas.

“Esto significa el acabose de Cuenca y de otros cantones”, dijo.

Además, aseguró que se ha incumplido con las disposiciones de la Corte de Justicia del Azuay, que ordenó ejecutar para continuar con el desarrollo de Loma Larga.

“La Corte de Justicia de Cuenca dijo tiene que hacerse consulta previa, libre e informada, tiene que hacerse consulta ambiental y tienen que presentarse informes técnicos. Nada de ello ha cumplido, sin embargo, presenta la licencia ambiental y autoriza el faenamiento minero”, reclamó Pérez, a tiempo de señalar que el Gobierno tampoco ha acatado el convenio 169 de la OIT.

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Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), también manifestó su rechazo a la minería y señaló que en todas las regiones del país hay procesos de oposición a las actividades extractivistas.

Criticó que ni la Corte Constitucional ni el Gobierno han hecho cumplir las consultas populares donde los ciudadanos, en su mayoría, se han opuesto a la explotación minera y petrolera.

“Exigimos que se respeten los derechos colectivos y los tratados internacionales”, puntualizó.

Vargas fue enfático en que la minería ilegal no es responsabilidad de las comunidades, sino que la protección y control de los territorios le corresponde al Gobierno.

Desde el sector sindical, Marcela Arellano, presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl), cuestionó los beneficios económicos que supuestamente traería la minería al país.

Aseguró que las empresas mineras pagan impuestos mínimos y que el empleo que ofrecen es precario.

“Avanzar en la minería, en la agroindustria es un grave atentado para el pueblo ecuatoriano, que le dejará no solo desproveído de recursos naturales, sino profundamente empobrecido”, declaró y ratificó el compromiso de los sindicatos para acompañar las protestas antiminería.

“Vamos a defender el agua contra la minería. Vamos a usar todos los mecanismos nacionales e internacionales para detener la minería”, afirmó. (I)