Una carta de un grupo de trabajadores de Explocen (única empresa ecuatoriana productora de explosivos) dirigida al defensor del Pueblo y con copia al Ministerio de Trabajo, fue parte de la defensa que hiciera el ministro Andrés Isch, hace pocos minutos, ante la Comisión de Fiscalización, como parte del juicio político en su contra.

El ministro Isch, respondió punto por punto, a las supuestas causales de destitución que se han presentado en su contra por parte de las asambleístas Marcela Holguín y Marcela Aguiñaga, ambas pertenecientes a las filas de la Revolución Ciudadana. En una comparecencia que duró cuatro horas, el ministro expuso sus argumentos y respondió inquietudes y réplicas de Holguín y de los asambleístas, Jaime Olivo (Pachakutik) y Esteban Melo (también RC).

Como parte de su exposición presentó la carta firmada por 25 trabajadores de Explocen, y enviada el 5 de febrero pasado, en la que este grupo de trabajadores manifiesta que no está de acuerdo con la huelga, a la que califican de ilegal, y tampoco con la toma de la fábrica de explosivos, lo cual constituye un acto peligroso. Además denuncian que han recibido amenazas por no estar de acuerdo con los líderes de la medida de hecho. También advierten que los líderes de la medida de hecho han violentado todas las normas de seguridad al permitir la entrada de personas ajenas, relacionadas con colectivos sociales como la Juventud Guevarista, Juventud Revolucionaria,

Explicaron estos trabajadores que producto de la medida de hecho la empresa no ha podido cumplir contratos y que la situación promueve la elaboración de explosivos artesanales que pueden ser usados sin la trazabilidad de ley.

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El tema de Explocen, es una de las siete problemáticas que se han presentado como causales de destitución. En este caso particular, la acusación contra el ministro tiene que ver con que no ha intervenido de manera eficaz en el conflicto laboral existente. Sin embargo, Isch aclaró que el Ministerio hizo de mediador en un cierto momento, pero que ahora el caso está en manos de los Comités de Arbitraje que son independientes. El segundo Comité de Arbitraje no habría concedido las demandas a los trabajadores, por lo que la huelga no tiene legalidad. En este contexto, aseguró que no puede intervenir frente a decisiones de este organismo independiente.

Sobre otras causales que tienen que ver con haber emitido acuerdos ministeriales sobre la figura de separación por Caso Fortuito, la no entrega de información sobre temas de discapacidad, la fijación del salario 2021 sin incremento, la separación de una funcionaria de libre remoción, entre otros, el ministro dijo que siempre ha actuado cumpliendo lo que dicta la ley y por ello, considera que no existen causales para su juicio, ni pruebas correspondientes. Más bien ha causado sorpresa que se busque estirar lo máximo posible las supuestas causales para justificar el juicio.

Recordó que asumió el cargo en uno de los momentos más complicados del país (julio del 2020) cuando se atravesaba una aguda crisis sanitaria y financiera ante la cual otros países podían inyectar liquidez, pero que en el caso de Ecuador era imposible por falta de ahorros, porque hubo problemas de ingresos fiscales. En el campo laboral el país venía acarreando problemas estructurales que se agravaron con la pandemia del Covid-19.

Explicó que le expedición de la Ley Humanitaria, aprobada por la Asamblea, permitió detener y aplanar la caída de la curva de empleo a través de medidas como la jornada reducida. Explicó que en la ley se sostiene que el despido por caso fortuito solo se puede aplicar para empresas que cesan sus labores.

En cuanto a que el Ministerio no habría entregado información al Observatorio de la Ley de Discapacidades, explicó que sí se entregó lo requerido, excepto la información personalísima de las personas con discapacidad, ya que está prohibido entregar dichos datos sin el consentimiento de sus dueños.

También se le observó que no haya inhabilitado a la ministra María Paula Romo, apenas se dio el juicio político en su contra. El ministro respondió que se dio la inhabilidad una vez que esa Cartera de Estado fue notificada oficialmente, como manda la ley.

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En cinco días, Comisión de Fiscalización debe entregar informe

Tras la comparecencia del ministro de Trabajo, Andrés Isch, ante la Comisión de Fiscalización para presentar sus pruebas de descargo, ahora dicha Comisión debe remitir en el plazo de cinco días, al presidente de la Asamblea, un informe al respecto. En este se debe indicar que motivadamente, sus respectivas conclusiones y las razones por las cuales recomienda al Pleno archivar o continuar con el proceso de juicio político.

Así lo establece la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 326, de 10 de noviembre 2020.

La misma norma indica que, de considerarlo necesario, la Comisión podrá solicitar a la Presidencia de la Asamblea una prórroga de hasta cinco días adicionales para la remisión del informe.

En caso de no aprobarse el informe dentro de los plazos previstos en este artículo, el presidente de la Comisión remitirá, en el plazo de dos días más, a la Presidencia de la Asamblea, las actas de votación correspondientes y un informe que detallará las posiciones de los asambleístas miembros de la Comisión. Con estos insumos será el Pleno el que resuelva ya sea el archivo o el juicio político.

En todos los casos, la secretaría de la Asamblea, en el plazo de dos días, notificará con el informe al funcionario al que se le busca enjuiciar.