No hubo militarización en la fábrica de explosivos Explocen C. A., en julio de 2020, afirmó el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, en el marco del juicio político que se procesa en la Comisión de Fiscalización en contra del ministro de Trabajo, Andrés Isch, acusado de incumplimiento de funciones.

Jarrín acudió al llamado realizado por la Comisión a petición de las asambleístas Marcela Holguín y Marcela Aguiñaga (RC), que acusan a Isch de incumplimiento por no actuar dentro del conflicto laboral registrado en Explocen, cuyos trabajadores se declararon en huelga en julio del año pasado, en demanda de la firma del contrato colectivo relacionado con la estabilidad laboral.

El conflicto laboral de Explocen copó el interés de todas las comparecencias registradas durante la etapa de prueba de cargo en este juicio, que también incluye acusaciones como arrogación de funciones al aplicar la Ley de Apoyo Humanitario, incumplimiento en el registro de impedimento para ejercer cargo público por parte de María Paula Romo, quien fue censurada y destituida por la Asamblea Nacional; también se responsabiliza al ministro de Trabajo de negarse a entregar información, así como de no fijar el nuevo salario básico de 2021.

Caso de fábrica Explocen copa las comparecencias en juicio político a Ministro de Trabajo

A más del ministro Jarrín, fue convocado a comparecer el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, pero este se excusó. También fue llamado el director general del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, Alejandro Vela, y el gerente de Explocen, Byron Vizcaíno.

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Con la comparecencia de los dos funcionarios, la Comisión cerró la fase de presentación de pruebas y el siguiente paso es recibir al ministro de Trabajo, Andrés Isch, programado para este 6 de marzo a partir de las 08:30.

Una vez superada esta fase de presentación de pruebas de cargo y de descargo, los asambleístas en un plazo de cinco días procesarán la documentación y declaraciones realizadas durante este etapa y elaborarán el informe respectivo, que luego lo conocerá el pleno de la Asamblea Nacional.

Custodia de bodegas

El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, afirmó que el 13 de julio de 2020 hubo una toma violenta de la fábrica por una parte de los trabajadores de la empresa y la retención de sus administrativos, sosteniéndose en un pliego de peticiones como la huelga, que se tramitaba en el Ministerio del Trabajo.

Explicó que por orden del Ministerio de Defensa dispuso que realice la planificación para vigilar, resguardar y proteger las bodegas donde están más de 400 toneladas de nitrato de amonio, material altamente explosivo, y que su inadecuada manipulación podría haber ocasionado un desastre similar al ocurrido en Líbano el año anterior. Que la única vez que se solicitó la presencia de la Policía Nacional fue para ingresar a las bodegas.

Insistió en que en el caso de Explocen no ha existido una intervención militar en las instalaciones, únicamente se ha dado cumplimiento a las competencias establecidas en la ley, como el resguardo de bodegas a fin de evitar accidentes y pérdidas de vidas humanas, tras la petición realizada por Byron Vizcaíno, gerente general de la fábrica.

Que hay un asunto diferenciado sobre lo que es seguridad pública, ciudadana y defensa nacional, anotó el secretario de Estado.

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Huelga nula

Byron Vizcaíno, gerente de Explocen C. A., también acudió a la Comisión de Fiscalización para explicar el conflicto laboral derivado por la solicitud de firma del contrato colectivo pendiente desde el 2015.

Explicó que el 20 de julio de 2020 el tribunal de arbitraje y conciliación resolvió por unanimidad declarar la nulidad de todo lo actuado, inclusive la declaratoria de huelga presentada por la dirigencia del comité de empresa de Explocen, por lo tanto, los trabajadores deberán volver a sus puestos de trabajo para continuar con sus actividades normales.

Que luego de una apelación por parte de los trabajadores, el 28 de julio de 2020, el tribunal de arbitraje y conciliación resolvió negar la solicitud de ampliación solicitada por los trabajadores; por lo tanto, se ratificó la nulidad de la huelga.

Vizcaíno comentó que tras esa declaratoria de nulidad los trabajadores debían incorporarse, pero que no se han presentado a trabajar en más de 220 días, por lo que es potestad de la empresa plantear vistos buenos; pero que el proceso está en el tribunal contencioso administrativo con sede en Ambato, en fase de ejecución. Ese tribunal deberá definir las condiciones de pago a los trabajadores.

Indicó que la empresa está conformada por 97 trabajadores hasta el mes de febrero, de los cuales 51 personas son las que se encuentran de manera arbitraria en la planta y que existe otro grupo de trabajadores que sí quiere trabajar; por lo tanto, dijo que no toda la fábrica pertenece al comité de empresa. (I)