El conflicto laboral de la Fábrica Explocen C. A. centra el interés en las acusaciones que se ventilan en el juicio político en contra del ministro del Trabajo, Andrés Isch, acusado de incumplimiento de funciones.

La petición de juicio político en contra de Isch la plantearon las legisladoras Marcela Holguín y Marcela Aguiñaga (RC), quienes presentaron siete acusaciones que van desde la falta de acciones para defender los derechos de los trabajadores de la fábrica Explocen; arrogación de funciones en la aplicación de la Ley de Apoyo Humanitario; la no inscripción del impedimento para ejercer cargo público por parte de María Paula Romo, quien fue censurada y destituida del cargo de ministra de Gobierno; así como se responsabiliza al ministro del Trabajo de no fijar el nuevo salario básico unificado para el trabajador en el 2021.

La mayoría de las comparecencias registradas durante la etapa de prueba se han referido al conflicto laboral de la empresa Explocen C. A., que se dedica a la fabricación de materiales explosivos.

Este 5 de marzo comparecieron el inspector del Trabajo, Byron Lema; Santiago Machuca, árbitro del conflicto laboral; y, Diego García, director regional del Trabajo de Quito, quienes mostraron las acciones realizadas en este caso.

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Para la tarde, a las 14:00, estás previstas las comparecencias del ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín; del ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño; de Byron Vizcaíno, gerente general de Explocen; y, de Alejandro Vela, director general del Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas.

Conflicto laboral

Los trabajadores de la fábrica Explocen C. A., el 30 de mayo de 2020, declararon la huelga en demanda de la firma del contrato colectivo que tiene relación con la estabilidad laboral que viene aplazándose desde el 2015. Tras la declaración de esa medida de hecho, según las acusadoras, se despidió a cinco trabajadores sin indemnización aplicando el artículo 169 numeral 6 del Código del Trabajo aduciendo la fuerza mayor o caso fortuito.

Conforme lo determina el artículo 514 del Código del Trabajo, la paralización de las actividades en las empresa que se dediquen a actividades que requieran cuidados permanentes se realice después de 20 días de notificada la declaración de huelga al empleado; por ello, los trabajadores, según el expediente, recién paralizaron sus actividades el 13 de julio de 2020; es decir, transcurridos 25 días de su declaratoria cuando el actual ministro del Trabajo, Andrés Isch, ya estaba en funciones.

Durante los 20 días, los trabajadores y empleados debían acordar las modalidades de los servicios mínimos, pero no se logró ningún consenso, razón por la cual la Dirección Regional del Trabajo debía fijarlas, pero esa acción no se cumplió hasta el día en que se presentó el juicio político, afirman las acusadoras; pues el 14 de julio de 2020, la Dirección Regional del Trabajo lo que hizo fue fijar el número de trabajadores, en un porcentaje del 75% del personal que labora regularmente en cada centro de trabajo y para todas las áreas, y no indicó cuáles eran las modalidades de servicios mínimos, cuáles trabajadores y qué áreas debían funcionar.

A esto se suma, según el expediente, el 12 de julio de 2020, la fábrica Explocen fue militarizada por orden del Ministerio de Defensa, lo que impidió el ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores, pues el día 13 de julio cuando empezó la paralización, los empleados fueron impedidos de ingresar a las instalaciones por los militares y la vigilancia privada de la empresa. El ministro de Defensa en una carta remitida a la Comisión de Fiscalización señaló que el personal de las Fuerzas Armadas realizó tareas de resguardo y vigilancia, y no una militarización.

El ministro del Trabajo, Andrés Isch, a pesar de tener información directa del hecho no se ha pronunciado, pretendiendo alegar que ese es un asunto jurisdiccional, señalaron durante las comparecencias de los trabajadores y juristas laborales.

El 15 de julio de 2020, los trabajadores de Explocen presentaron ante la Corte Constitucional una demanda de incumplimiento del dictamen constitucional 3-20-EE por la militarización inconstitucional de la fábrica, en contra del ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, por las acciones militares dispuestas, y en contra del ministro del Trabajo, Andrés Isch, por sus omisiones para precautelar el ejercicio del derecho constitucional a la huelga. (I)