Comisión de Justicia recomienda al pleno de la Asamblea no aprobar informe de 2025 de la Judicatura presentado por Mario Godoy en enero pasado

Por unanimidad, la noche del sábado último, 28 de febrero, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional aprobó el informe en el que recomienda al pleno del Legislativo no aprobar el Informe Anual de Labores 2025 presentado por el entonces presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, al evidenciarse “omisiones sustanciales, debilidades estructurales y falta de transparencia”.La decisión no vinculante señala en su análisis que el informe y las respuestas remitidas por la Judicatura en manos de Godoy no demuestran una gestión estratégica alineada con las necesidades del sistema judicial ni con las demandas de la sociedad ecuatoriana. “Se evidencian incumplimientos de las funciones constitucionales previstas en el artículo 181 de la Constitución, así como de las disposiciones pertinentes del Código Orgánico de la Función Judicial”, refiere el documento.Mario Godoy, el 18 de febrero pasado, fue censurado y destituido en la Asamblea Nacional con 148 votos a favor. Horas antes de su censura y destitución, el entonces líder del órgano de gobierno, administración, disciplina y vigilancia de la Función Judicial presentó su renuncia al cargo. Él se mantuvo como presidente del CJ un año y siete meses en dos periodos: el primero para completar lo que restaba de una presidencia de la Judicatura hasta enero de 2025, y el segundo para cumplir funciones en el periodo 2025-2031.El 15 de enero pasado, Godoy, como titular de la Judicatura y en medio de una solicitud de juicio político en el Parlamento, expuso su informe anual de labores correspondiente a 2025. Ahí presentó un resumen de su gestión al frente de este organismo. Lo hizo mientras asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) exponían carteles con escritos como “Justicia secuestrada” o “Renuncia, Godoy”.Ante el pleno de la Asamblea Nacional, el hoy expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ), entre otras cosas, recordó que durante el año pasado se atendieron 584 denuncias de presuntos actos de corrupción en la Función Judicial, con sus respectivos informes; mientras que, actualmente, 21 denuncias se encuentran en fase de investigación.El informe de la Comisión de Justicia sostuvo que en materia de gestión procesal el desempeño es limitado. En el ámbito penal, apenas el 1,4 % de las denuncias llega a juicio, sin que se detallen correctivos adoptados. Además, en las materias contencioso-administrativa y tributaria, un proceso completo —con todas sus instancias— tarda en promedio siete años y cinco meses, plazo incompatible con un servicio de justicia eficiente y oportuno.El documento legislativo también refleja resultados críticos en delitos de alta sensibilidad social. En casos de femicidio, por ejemplo, la tasa de sentencia alcanza apenas el 0,61 %, cifra significativamente inferior a estándares internacionales en la resolución de homicidios. No se identifican estrategias claras para revertir esta situación. Por otra parte, en el ámbito institucional, la Comisión constató que durante 2025 no se ejecutó ningún concurso para el ingreso o promoción de servidores judiciales, pese a la crisis de talento humano que afecta a la función jurisdiccional, la Fiscalía, la Defensoría Pública y el sistema notarial. Tampoco se realizaron evaluaciones de desempeño. Estas omisiones, afirma el informe, comprometerían la calidad del servicio y el cumplimiento de los principios de eficiencia y responsabilidad pública.Damián Larco, el vocal del CJ proveniente de la terna enviada por Ejecutivo, es quien ocupa el cargo de presidente temporal del CJ. Fue posesionado primero el 10 de febrero pasado para reemplazar temporalmente a Godoy, quien había pedido licencia y vacaciones; y luego, el 18 de febrero siguiente, por la renuncia definitiva, era nuevamente designado por unanimidad como presidente encargado del CJ, pero en esta ocasión hasta la designación de un titular definitivo.La Comisión de Justicia también observó deficiencias en transparencia y rendición de cuentas. Ante interrogantes específicas, las respuestas fueron, en general, evasivas o incompletas, en contravención de las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la normativa constitucional aplicable.En cuanto a formación y capacitación, no se evidencia planificación estratégica ni medición de impacto. En el ámbito tecnológico, el sistema SATJE fue descrito como una herramienta incompleta y poco confiable, sin propuestas concretas de mejora o modernización. Asimismo, se habría constatado una débil ejecución presupuestaria en inversión, lo que agrava las falencias estructurales del sistema judicial.La Comisión advierte que estas deficiencias podrían afectar el derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 75 de la Constitución, así como los principios de acceso a la justicia, eficiencia y responsabilidad institucional.Desde la Comisión Legislativa de Justicia se exhorta al Consejo de la Judicatura a revisar integralmente su planificación y ejecución institucional, priorizando la gestión estratégica, la mejora procesal, la realización de concursos, la evaluación de desempeño, la transparencia, la capacitación con enfoque de resultados, la modernización tecnológica y una adecuada ejecución de la inversión pública. (I)

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