En la compra de 100 000 pruebas PCR para la detección del COVID-19 que realizó el Municipio de Quito en abril pasado, la Contraloría General del Estado halló indicios de responsabilidad penal, durante las etapas de adjudicación del contrato.
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El informe fue remitido a la Fiscalía General. Las pruebas las adquirió la Secretaría de Salud en la administración de su extitular Lenin Mantilla.
En la compra de 100 000 pruebas PCR para la detección del COVID-19 que realizó el Municipio de Quito en abril pasado, la Contraloría General del Estado halló indicios de responsabilidad penal, durante las etapas de adjudicación del contrato.
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