Así fue el último mes de vida del prefecto del Guayas Carlos Luis Morales

La última vez que el fallecido prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, se pronunció en redes sociales fue el pasado viernes 19 de junio. Lo hizo para anunciar actividades que se realizaban desde la Dirección de Desarrollo Productivo para emprender la reactivación económica de la provincia tras la pandemia de COVID-19.

También detalló su visita el recinto Aguas Calientes, de la parroquia Jesús María, en Naranjal, para supervisar los trabajos de encauzamiento del río Tixay, que debido al invierno colapsó afectando a la población.

Comprometidos con la reactivación económica de la provincia tras la #pandemia, la dirección de Desarrollo Productivo del @GobiernoGuayas ejecuta acciones dirigidas a guiar a los emprendedores y potenciar sus ideas de negocios. pic.twitter.com/msfYUjXR8k

''Una excavadora se encuentra retirando material para devolverle la movilidad y fácil acceso a la población. En los próximos días llegará un tractor para agilizar los trabajos y se colocarán tuberías para ayudar a encauzar el río y con equipo caminero se extraerá material del afluente para mejorar los caminos vecinales del sector'', indicó el prefecto en Facebook, donde aparece protegido con una mascarilla.

Y mientras el prefecto se encontraba en trabajo de campo, el Consejo Provincial del Guayas votaba -en una sesión presidida por la viceprefecta Susana González- a favor de revisar los contratos del Gobierno Provincial del Guayas (Prefectura del Guayas), y de la posible destitución de Morales.

Compra de insumos

Fue hace menos de un mes cuando la Prefectura del Guayas figuró como una de las varias instituciones denunciadas por compras con supuesto sobreprecio de insumos médicos y hasta kits alimenticios. Fue el pasado 26 de mayo cuando La Historia alertó en Twitter que la Prefectura había adquirido 5000 pruebas rápidas de COVID-19 a 23,16 dólares cada una, y 70 000 mascarillas KN95 a un precio de 6,71 dólares cada una.

Morales se defendió y dijo que "no fue un proceso a dedo como se pretende hacer creer". Explicó que se adjudicó a la oferta que presentó el precio más bajo y que cumplía con los requisitos exigidos en los pliegos.

Un día después, la Fiscalía del Guayas y Policía Nacional realizaron un allanamiento a las oficinas de la Prefectura del Guayas. En un comunicado, la Fiscalía informó que se intervinieron las direcciones de Procuraduría Síndica, Secretaría General, Administrativo Financiero, Compras Públicas y Desarrollo Comunitario, donde se incautaron catorce computadores, con sus respectivos CPU, y documentación.

A inicios de junio el prefecto indicó que 24 trabajadores de esa institución dedicados al área de Compras Públicas fueron suspendidos mientras durara la investigación por presunto sobreprecios en adquisiciones de pruebas rápidas de COVID-19 durante la emergencia sanitaria.

Por aquel entonces también anunció que había presentado una denuncia en la Fiscalía para que investigue a varias personas, entre ellas dos de los hijos de su esposa, como presuntos involucrados en las supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos durante la emergencia sanitaria.

Los asambleístas del Partido Social Cristiano (PSC) y del movimiento Madera de Guerrero, que auspiciaron a Morales en su candidatura para la Prefectura, le pidieron que explique las denuncias de corrupción.

El prefecto fue detenido el miércoles 3 de junio en Samborondón, para fines investigativos. Un día después se lo dejó en libertad con medidas sustitutivas, como la prohibición de salir del país. También debía presentarse de forma periódica ante las autoridades de justicia y se le implementó un dispositivo electrónico de vigilancia. Inmediatamente retomó sus actividades en la Prefectura.

Jaime Nebot, líder PSC y Madera de Guerrero, dijo que "El prefecto no es ni más ni menos que los otros que están siendo investigados". "Nadie está por encima de la ley... A quien se le pruebe que ha delinquido debe ser sancionado con la cárcel, sin ninguna contemplación'', indicó el exalcalde de Guayaquil.

Fiscal se pronuncia; Contraloría emite informes

La fiscal general, Diana Salazar, cuetionó el otorgamiento de medidas cautelares para el prefecto del Guayas, en vez de dictar prisión preventiva en el caso por presunta corrupción. Dijo que la intención de Morales era huir.

Las irregularidades en compras de insumos médicos por parte de la Prefectura del Guayas las analizó la Contraloría General del Estado, que aprobó dos informes con Indicios de Responsabilidad Penal (IRP) por la existencia de una diferencia no justificada de $345 020.

El contralor Pablo Celi remitió los examenes de control a la Fiscalía General del Estado para su análisis. Estos incluyen una primera investigación hecha a la adquisición de 70 000 mascarillas KN-95 y 5000 pruebas rápidas COVID-19 por $585 500, en la cual se observó que hay un incremento del 123% en el contrato.

El equipo auditor había realizado una comparación con otras compras públicas, de la que se observó que la Prefectura del Guayas, liderada por Carlos Luis Morales, canceló $6,71 por unidad de mascarilla y $23,16 por cada prueba rápida, cuando se constató que los mismos insumos tienen un valor de $3 y $11,20 en su orden.

Por ello, se determinó que el costo total no debió superar los $210 000, existiendo una diferencia de $259 700, según los valores del mercado.

Pedido de destitución

Los alcaldes del Guayas, pertenecientes al PSC, decidieron el 5 de junio que iban a presentar una solicitud al Consejo Provincial para la destitución de Morales; el anuncio lo hizo Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, luego de mantener una reunión con otros dignatarios de la provincia, afines al PSC.

Finalmente el lunes 15, un grupo de 18 alcaldes y 5 presidentes de Juntas Parroquiales del Guayas presentaron ante la Viceprefectura una solicitud para que se convoque a una sesión extraordinaria y tratar la remoción de Morales de su cargo. El pedido llegó después de que Morales fuera vinculado a procesos judiciales por los presuntos delitos de peculado y tráfico de influencias en la Prefectura, por la compra de insumos médicos durante la crisis sanitaria.

El viernes último se decidió que una comisión revise el caso del prefecto Morales. La mesa que revisará los datos se integró por la viceprefecta Susana González; el alcalde de Samborondón, José Yúnez, y dos alcaldes. La viceprefecta indicó que la comisión convocaría a Morales para que este ofrezca sus descargos dentro de un lapso de diez días. Luego de ello, el Consejo debía sesionar y se tomar una decisión final.

Este lunes 22 de junio se informó que Morales falleció de un infarto. (I)

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