Que la Fiscalía adopte acciones inmediatas -como allanamientos y prohibiciones de salida del país- solicitaron ayer los asambleístas Fabricio Villamar, antes de CREO, y Ronny Aleaga, de la Revolución Ciudadana (RC), a propósito de la investigación previa que se abrió por el supuesto uso de recursos de empresas públicas para financiar la campaña de la consulta popular de 2018.

Aleaga dijo no entender por qué la Fiscalía recién le toma su versión, pese a que, aseguró, hace ocho meses, en octubre de 2019, denunció formal y documentadamente el caso, argumentando un posible peculado y otros delitos cometidos durante la campaña para la consulta de 2018, que tuvo como principal promotor del Sí al gobierno de Lenín Moreno.

El legislador de la RC señaló que la versión que rindió la noche del domingo pasado, a la que habría sido convocado solo horas antes de la diligencia, fue el primer acercamiento que ha tenido con la Fiscalía por hechos relacionados con su denuncia.

Aleaga calificó como "una vergüenza" al accionar del organismo, pues dijo que en todo este tiempo no lo llamaron ni a reconocer su firma, pero que horas después de que un medio digital publicara información del caso, fue convocado inmediatamente. La Fiscalía también habría tomado la versión de los periodistas que dieron a conocer los hechos.

Publicidad

Según Aleaga, entre las empresas que habrían financiada la campaña política de 2018 están Flopec, Casa para Todos, Ecuador Estratégico, Astinave, Petroecuador, Empresa Pública de Hidrocarburos, Celec y Petroamazonas, ocasionando un perjuicio al Estado que ascendería a $5 483 750.

"Yo adjunte el detalle de los cuadros en los cuales se determinan que se van a comprar camisetas, banderas, folletos, trípticos, globos montajes de eventos... Todo esto consolidado en un cuadro que es remitido por el coordinador de campaña Jorge Wated, en el que se define qué aporte ha tenido cada empresa pública", dijo.

De su parte, el asambleísta Villamar pidió a Fiscalía que allane a varias empresas públicas y se impida la salida del país de los sospechosos. Indicó que se deberían investigar delitos como disposición arbitraria y utilización de fondos públicos para fines electorales, simulación de contratos para el redireccionamiento de recursos, la existencia de doble contabilidad y la conformación de una estructura organizada.

El legislador pidió a la Fiscalía que se disponga la prohibición de salida del país a Jorge Wated, presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); al exprefecto de Pichincha Gustavo Baroja, y a otros diez funcionarios y exfuncionarios públicos que estarían relacionados con los hechos. "Está mal cuando el correísmo extorsiona a empresas privadas para obtener financiamiento para una campaña de Alianza País y está mal cuando el gobierno del presidente Lenín Moreno utiliza recursos públicos para una campaña electoral", afirmó.

Debido a los señalamientos en su contra, Jorge Wated llegó a la Fiscalía para pedir se le tome su versión libre y voluntaria sobre este caso. La Fiscalía lo llamó para la tarde.

"Para mi es indispensable que luzca la verdad, porque cuando te atacan afectan tu nombre, el de tú familia y yo creo que no estoy para eso. Las cosas se manejaron de forma lo más transparente posible. Todo está en el CNE (...) Levantar recursos en ese momento no era tan necesario, porque tenías el involucramiento de 14 organizaciones que hicieron los mismo", aseveró Wated. (I)