Casi una hora de deliberación y dos de audiencia le sirvieron ayer a la jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Daniella Camacho, para resolver que la exdirectora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) María Alexandra Ocles y cuatro funcionarios más de la entidad deben presentarse cada ocho días ante la autoridad y tienen prohibido salir del país durante los 90 días de instrucción fiscal por el delito de tráfico de influencias.

Las medidas fueron adoptadas por Camacho, pese a que el fiscal subrogante Wilson Toainga, quien reemplazó en la audiencia a la fiscal general, Diana Salazar, solicitó prisión preventiva para Ocles, César E., subsecretario de Preparación de Respuestas; Jorge O., analista de Atención Humanitaria; y Mauricio C., director de Atención Humanitaria.

Solo para Ramón R., coordinador Administrativo Financiero del SNGR, el fiscal subrogante pidió prohibición de salida del país y presentación periódica ante la autoridad competente. Aparentemente este último mantenía un diagnóstico de positivo para COVID-19 y por ello se hacía la excepción con respecto a la medida cautelar.

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Toainga acusó a los cinco procesados de tener participación en las inobservancias legales en el proceso de adquisición de 7000 kits . Un total de 44 elementos de convicción presentó la Fiscalía para demostrar su teoría del caso.

Entre la información entregada por Fiscalía que revelaría que todos los procesados tienen que ver con las inobservancias encontradas en la contratación resaltan los informes de necesidad, idoneidad, términos de referencia, memorandos en donde se solicitan disponibilidad de recursos, certificación para la adquisición de kits, avales para adquirirlos, invitaciones directas al proveedor Fulton Camacho, aprobación de la contratación y versiones de los procesados.

La exdirectora Ocles, quien renunció al cargo el 11 de mayo pasado, intervino en la diligencia para asegurarle a la jueza Camacho que en los años de trabajo en la función pública ella nunca había tenido ningún tipo de dificultad que manche su nombre y tampoco usó su cargo para beneficiar a nadie.

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Reiteró su disposición a colaborar con la justicia y aclaró que ella estaba personalmente en la audiencia, porque es la primera interesada en que se investigue y se actúe en justicia y no por una presión.

Guido Prado, abogado de Ocles, señaló que Fiscalía no es objetiva y refirió que le sorprende que antes de pedir que rinda versión a su cliente se pida formulación de cargos.

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Stalin Raza, abogado del director Mauricio C., explicó que estarán pendientes para saber en estos 90 días hasta dónde avanza la investigación de Fiscalía. En audiencia, Raza criticó a la Fiscalía por usar argumentos generales para acusar a todos y no especificar por persona de lo que se les formula cargos, pues, dijo, los procesados tienen distintas funciones y atribuciones.

Además de la presentación periódica y la prohibición de salida del país, Camacho dispuso la retención de cuentas por $5000 para cada procesado, en el caso de existir una multa, y la prohibición de enajenar bienes por $475 638, monto que reflejaría el estimado que existe de diferencia entre los precios de los kits que eran parte del contrato.

El informe con indicios de responsabilidad penal elaborado por la Contraloría General, sobre el proceso para la “adquisición de kits complementarios de alimentos”, también fue parte de los elementos de Fiscalía.

Entre sus conclusiones está que el contratista Fulton Camacho realizó cambios en el RUC sobre su actividad económica principal, además de otros datos, el mismo día que presentó su oferta al SNGR, sin evidencia documental de la evaluación de la capacidad técnica, legal y económica del proveedor para la ejecución de la adquisición y posterior entrega de los kits.

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Además, que en cuanto a la oferta presentada por Fulton Camacho no se realizó un análisis pormenorizado y no la compararon con otras ofertas para elegir la mejor.

Apunte

La empresa cuestionada cambió su RUC el día que presentó la oferta al SNGR. (I)