El nuevo director regional de Odebrecht, Mauricio Cruz Lopes, visitó Quito para tratar de retomar las reuniones con la Mesa de Reparación Integral, que deberá fijar el monto de indemnización civil de la constructora brasileña por el caso de sobornos Lava Jato.

Brasileño radicado en Perú desde el 2016, Cruz alertó que Odebrecht está al borde de la asfixia, pues el Estado le debe $120 millones, pero no han podido cruzar ese pasivo con lo que la compañía le debe al Servicio de Rentas Internas y así disminuir la presión.

“¿Qué cooperación eficaz puede haber de una empresa que desapareció?”, señaló Cruz y consideró que si Odebrecht colapsa en Ecuador se caería la cooperación de José Conceição Santos, por la cual existen varias personas sentenciadas en el país, entre ellas el exvicepresidente Jorge Glas y el excontralor Carlos Pólit. Los ejecutivos se han reunido solo dos veces con la Mesa –integrada por la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía y la Secretaría Anticorrupción– pero todo se detuvo desde octubre pasado.

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¿Cuál es su propuesta para la Mesa de Reparación?

El principal punto es estar a disposición de la justicia para cooperar porque es la principal forma de reparar los daños del pasado. No condicionamos la colaboración a que nos paguen para sacar el dinero del país o a que nos den nuevas obras.

Por reportajes periodísticos se conoce que José Conceição Santos no declaró todo en su colaboración eficaz, como los pagos al ministro Pedro Merizalde o el reaseguro con Ecuatoriano Suiza, o por otras obras, y por el caso sobornos 2012-2016. Además hubo pagos por Carrizal Chone y el Proyecto Baba, que constan en la cooperación de Marcelo Odebrecht.

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La empresa facilita el proceso de colaboración judicial, el colaborador Santos es quien conoce al respecto y debe seguir respondiendo a la Fiscalía de Ecuador. Tengo entendido que ya la Fiscalía lo contactó por algunos de los temas que usted menciona. La dirección actual de Odebrecht no conoce estos hechos, nuestro rol se ciñe a motivar a los más de 70 exejecutivos colaboradores y financiar sus abogados y sus gastos.

Además de lo judicial hay cuentas pendientes. Por un lado, el Estado le debe a Odebrecht más de $120 millones y por otro, el SRI reclama el pago de $25 millones y en la Mesa se negocia una compensación por sobornos pagados a funcionarios ecuatorianos por $50 millones.

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También tenemos una deuda con 80 proveedores por $9 millones. Queremos honrar nuestros compromisos, por eso queremos desistir de impugnaciones con respecto a las glosas tributarias para pagar esos $25 millones, así como los $9 millones y también pagar la reparación civil que le debemos al Estado ecuatoriano. Si el Estado reconoce que debe crear un mecanismo para pagar lo que debe a la empresa, ese dinero se quedará aquí en un fideicomiso o una cuenta especial para poder pagar futuras deudas, la reparación civil o la logística para la cooperación judicial.

La empresa tiene medidas cautelares.

Por eso no podemos recibir pagos del Estado. Mi propuesta es listar las deudas que tenemos actualmente, ver un mecanismo de cruce de montos y que el sobrante se quede en Ecuador en un fideicomiso para saldar cualquier compensación futura.

¿La principal deuda es por el poliducto Pascuales-Cuenca?

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Son varias instituciones, además de Petroecuador está la Empresa Pública del Agua, Ecuador Estratégico y Refinería del Pacífico. Se entregó el poliducto hace tres años y está operando en manos de Petroecuador, que ejecutó una garantía por $18 millones contra Odebrecht y pusimos una demanda por la terminación unilateral del contrato. Ofrecimos ayuda para solucionar el problema de diseño (realizado por Caminosca), pero no fue aceptada.

A pesar de que Santos presentó documentos y regresó a Ecuador a conseguir pruebas para sustentar el pago de sobornos, por ejemplo grabó reuniones con Ricardo Rivera y Carlos Pólit, algunas personas aquí quisieran verlo preso.

No quisiera que lo tome a mal, pero a la gran mayoría de las personas y compañías no les conviene que una empresa colabore judicialmente, porque al final eso causa un daño muy grande al sistema. Muchos no quieren transparencia. En Perú, el Gobierno expulsó a Odebrecht y embargó todas las cuentas, apenas un mes después de que se anunció que estaba cooperando con la justicia de ese país en 2017.

¿El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, quien ahora está con prisión domiciliaria por el caso Lava Jato?

Sí, sobrevivimos de milagro, pero nos quedamos y continuamos colaborando con la justicia peruana. Los exejecutivos han dado testimonios en muchísimos casos.

¿Cuánto influyó Odebrecht en el caso del Club de la Construcción, donde se acusa a una filial peruana de Hidalgo&Hidalgo y a las brasileñas OAS y Andrade Gutiérrez, entre otras?

Ese caso nació por un testimonio de un exejecutivo de Odebrecht porque había participado en reuniones del Club de la Construcción, donde se ponían de acuerdo para las licitaciones de obras. Así nació esa investigación. Por eso en Perú ya hay otras compañías que también quieren entrar en un programa de colaboración eficaz.

La imagen de Odebrecht está empañada porque falta información sobre sobornos pagados.

Desde el 2016, cuando se negoció el acuerdo de cooperación eficaz con Brasil, Estados Unidos y Suiza, Odebrecht recomendó a sus exejecutivos relatar todo, de la mejor manera posible y que se pudiera probar. Nos conviene que se conozca todo de una vez para poder pasar la página. No es sencillo. Si en Ecuador, otras 30 empresas hubieran colaborado con la justicia, ¿cuál sería el estado de la lucha anticorrupción en este país? Vea los casos de Brasil y Perú, el hecho de que Odebrecht exista y colabore ha sido un gran avance, la experiencia demuestra que tenemos buenas intenciones. Si aquí nos permiten cobrar lo que nos deben algunas instituciones públicas, podríamos pagar al SRI, pagar las deudas con proveedores, financiar la colaboración eficaz de exejecutivos y dejar ese dinero aquí para la reparación civil que debemos hacer al Estado ecuatoriano. No podemos más del cien por ciento.

Las revelaciones de ustedes salpican a otras empresas. En Ecuador, por ejemplo, no se ha investigado nada sobre OAS.

A la gran mayoría de las empresas, locales e internacionales, que operan en un país no les interesa que Odebrecht continúe colaborando a lo largo de estos tres años porque revela los secretos de la industria de la corrupción. A la gran mayoría de los políticos tampoco les interesa que la colaboración eficaz se convierta en una moda. Lo que vivimos en Perú o Brasil es un cambio de motor de un vehículo mientras iba a 100 km por hora, ha sido muy difícil, hemos perdido todo, valemos cero. Odebrecht se está recuperando gracias a la capacidad técnica y por eso tenemos contratos en Estados Unidos, Brasil y República Dominicana.

¿Cree que la Mesa de Reparación acepte un cruce de cuentas?

El factor tiempo es muy importante. Si el próximo año el SRI nos quiere embargar para cobrar los $25 millones de las glosas tributarias va a asfixiar a Odebrecht, podríamos colapsar. Hemos tenido retaliaciones, Petroecuador no quiso solucionar el tema del poliducto Pascuales-Cuenca, otras instituciones nos deben, la Superintendencia de Compañías nos intervino en octubre pasado, parecería que estamos luchando contra corriente. Los únicos presos en el país son por el caso Odebrecht, posiblemente falten otros, pero es innegable que ha habido una cooperación eficaz. En Venezuela, el gobierno (de Nicolás Maduro) canceló unilateralmente todos los contratos, invadió los campamentos, nos quitó todo, tuvimos que salir del país y no hay casos judicializados sobre sobornos. ¿Qué cooperación eficaz puede haber de una empresa que desapareció? Es lo que va a pasar aquí si nos asfixian.

¿Si se van de Ecuador se caería la colaboración de Santos?

Entiendo que la lamentable respuesta es sí. Y la pregunta es ¿quién va a perder: el Estado ecuatoriano o Santos? Él tiene un acuerdo con la justicia de Brasil, no va a ser extraditado, sabe que vivirá allá lo que queda de su vida. Si Ecuador hace colapsar a Odebrecht, impide que siga colaborando, Santos va a decir ‘Señores, yo intenté, pero la empresa ya no existe allá’.

Este es un caso único, la Mesa de Reparación es un cuerpo colegiado que no fue creado por ley y será muy difícil para el gobierno de Lenín Moreno cruzar cuentas y decir ‘Quedamos a mano’.

En Brasil o Perú se intentó varias veces tumbar el caso Lava Jato. La opinión pública levantó su voz para lograr un cambio del sistema. Es más importante preservar lo que ya se logró con Santos. (I)