Las constructoras ecuatorianas Construvalero y Semaica formaron un consorcio en diciembre del 2011 para alcanzar el contrato de construcción de la cárcel de Guayaquil.

El acuerdo original, firmado con el Servicio de Contratación de Obras (Secob), fue de $ 43,2 millones, pero un complementario elevó el precio en $ 13,7 millones.

Los archivos del caso Sobornos muestran que este consorcio pagó 17 facturas de los proveedores de Alianza PAIS, por un total de $ 400.000. Sin embargo, ningún funcionario de esta compañía ha sido procesado.

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EL UNIVERSO intentó contactar sin éxito al apoderado del consorcio, Esteban Sevilla Quintana.

Él es socio de Semaica. Los documentos del caso Sobornos señalan que esta compañía cubrió cuatro facturas de los proveedores de AP, por un total de $ 136.000. Esta compañía obtuvo 14 contratos del Gobierno anterior por $ 166,8 millones.

Construvalero, en cambio, no está mencionada en el proceso. Esta obtuvo un contrato de $ 110,9 millones de Petrocomercial en el 2009, para construir el sistema de transporte y distribución de gas licuado de petróleo en el sur del país.

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Construvalero tiene un convenio para dirigir las obras de la constructora Construdipro a cambio del 3% de las ganancias de cada proyecto. Esta empresa obtuvo cinco contratos del Gobierno anterior por un total de $ 11,2 millones.

Entre 2012 y 2014, Construdipro estuvo en manos de la empresa Impodaco, que perteneció a David Concha Becerra, amigo personal del entonces presidente Rafael Correa. (I)