Ni el confinamiento ni las restricciones impuestas por la pandemia han parado el tráfico de vida silvestre en Sudamérica. De hecho, las cifras y las notas de prensa demuestran que, debido al redireccionamiento de los esfuerzos por combatir la pandemia y, en varios casos, al debilitamiento de la autoridad ambiental, este delito ha aumentado.

En el marco de la iniciativa regional Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques, financiada por la Unión Europea, la organización Wildlife Conservation Society (WCS) realizó la recopilación y análisis de las noticias sobre decomisos de fauna silvestre viva (anfibios, aves, mamíferos, reptiles y peces) o sus partes, como resultado de acciones de control, las cuales fueron publicadas en portales de noticias y redes sociales de agencias de gobierno de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.

Así, durante el periodo de julio a diciembre de 2020 fueron identificadas 280 noticias sobre decomisos de fauna silvestre en estos países, de las cuales 133 corresponden a Ecuador, 67 a Colombia, 43 a Bolivia y 37 a Perú.

Con base en los datos se calcula que fueron 197 las especies silvestres intervenidas, de las cuales el 41% corresponde a aves, el 31% a mamíferos, el 20% a reptiles, el 7% a peces (de agua dulce, tiburones y otros peces marinos) y el 1% a especies que no fueron identificadas o detalladas en las notas de prensa.

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Además, se constató que durante los meses de noviembre y diciembre se publicó el mayor número de reportes sobre este tipo de hechos.

El análisis evidenció que la tortuga motelo o morrocoy (Chelonoidis denticulata) fue una de las especies más decomisadas en operativos de control a pesar de estar incluida en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) y encontrarse en estado vulnerable VU), según la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Otras de las especies más afectadas fueron el loro real amazónico (Amazona ochrocephala), loro cabeciazul (Pionus menstruus), loro amazona alinaranja (Amazona amazonica), boa constrictora (Boa constrictor), guacamayo azul (Ara ararauna), tortuga charapa o terecay (Podocnemis unifilis), etc.

Se calcula que en el segundo semestre del 2020 fueron decomisados aproximadamente 1.742 individuos vivos, principalmente loros y tortugas terrestres, posiblemente destinados a mercados de mascotas o colecciones privadas.

“A pesar de la cantidad de reportes sobre este delito ambiental durante el segundo semestre del 2020, también se pudo evidenciar que solo 47 personas fueron arrestadas por su presunta participación en el ilícito de tráfico de fauna silvestre, de las cuales 2 corresponden a Ecuador, 21 a Colombia, 18 a Perú y 6 a Bolivia”, dice WCS.

En Ecuador, en octubre pasado, se decomisaron cerca de 125 kilos de carne silvestre de pecarí de collar (Pecari tajacu) y otras especies en la provincia de Francisco de Orellana.

Durante el periodo enero a junio de 2020, WCS también realizó la recopilación y análisis de noticias sobre tráfico de fauna silvestre publicadas en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. El resultado de este monitoreo fueron 161 publicaciones, de las cuales 101 correspondieron a decomisos de 89 especies silvestres, siendo las de mayor frecuencia de registro la iguana verde.

“La pandemia ha evidenciado la estrecha relación entre el bienestar humano y el equilibrio de los ecosistemas. El tráfico de vida silvestre es uno de los factores que contribuyen a la transmisión de este tipo de enfermedades (COVID-19), por lo que la generación de información en relación a esta problemática permitirá fortalecer la toma de decisiones”, indica la organización ambiental. (I)