El legislador constituyente, con buena fe y con la ingenua esperanza  de que los gobiernos cambiarían  de actitud en el futuro, estableció en una de las Disposiciones  Transitorias de la Constitución, que “el Gobierno nacional cancelará la deuda que mantiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por el financiamiento del cuarenta por ciento  de las pensiones y por otras obligaciones, con sus respectivos intereses, en dividendos iguales  pagaderos anual y sucesivamente, en el plazo de diez años a partir de 1999”.  Este mandato constitucional, que debió ser observado rigurosamente porque tiene que ver con  dinero de los trabajadores  a quienes siempre se dice defender, especialmente en tiempos de elecciones, no se ha cumplido y por el contrario se ha seguido agravando, porque curiosa y paradójicamente el IESS ha sido una institución  de la que todos los gobiernos  se han aprovechado, con distintos procedimientos  pero con los  mismos resultados, desde la época velasquista en que se denominaban Caja del Seguro y Caja  de Pensiones a las entidades que fueron antecesoras del IESS y que protegían  socialmente tanto a  los trabajadores privados como a los del Estado.

Debe rechazarse de plano que el Estado  meta sus extremidades en el IESS,  pues sus fondos deberían cumplir  funciones que beneficien  a sus propios afiliados  como programas de salud y de viviendas, entre otros. ¿No les parece, mis amigos, un absurdo que mientras los hospitales  carecen de muchísimas cosas básicas con una muy ineficiente atención  a la salud de los afiliados  (no hay medicinas o no hay camas o los médicos están en paro por falta de pago de sus emolumentos),  el Gobierno utilice ese dinero obligando a la institución  a comprar papeles de deuda interna  que difícilmente serán  honrados algún día, aumentando el hueco profundo de las obligaciones impagas  que tiene el Estado para con los trabajadores?

La Constitución dispone  que los fondos  y reservas del Seguro Social serán propios  y distintos  de los del Estado y que ninguna institución  podrá intervenir  en sus fondos y reservas ni afectar su patrimonio, y agrega que las inversiones serán realizadas a través del mercado  financiero, con sujeción a los principios  de eficiencia, seguridad y rentabilidad, todo lo cual no garantiza un Estado que toma recursos pero que no los devuelve, como claramente lo dice la altísima deuda que tiene este para con el IESS.

Además de que el propio Presidente de la República  ha presionado a los directivos del IESS para que las inversiones se realicen, existe una especie de complicidad del Superintendente de Bancos para impulsar lo mismo, pues según vocales de la entidad, el organismo de control había “delineado mecanismos para que el presupuesto de operaciones  se incremente, aumentando así la capacidad de inversión  en el área  pública”, que se la quiso elevar del 50% al 80%, ya que lo determinado para el 2004 es 50% en el sector público y 50% en el privado.

Y como si todo ello fuera poco, se ha querido descalificar a uno de los vocales opuestos  a que el Gobierno meta las uñas en el IESS, utilizando los viejos procedimientos  políticos de la zancadilla, el amarre y la triquiñuela, presentando sendas demandas ante el Tribunal Supremo Electoral y  la Procuraduría del Estado.

“¿Hasta cuándo Catilina abusarás de nuestra paciencia?”.