El Presidente de la República parece que quiere rectificar el manejo deficiente del Estado, y digo parece porque todavía no estoy convencido de que las acciones descritas por él en esta semana se vayan efectivamente a cumplir, y de que las órdenes no se diluirán en los vericuetos insondables de la burocracia.

El anuncio de que van a ser reemplazados los principales funcionarios de las grandes empresas estatales que han sido nidos de corrupción y de ineficacia, es una buena noticia, pero mi duda razonable es que ese propósito no se cumpla porque los intereses en juego son poderosos. Preguntémonos por ejemplo: ¿por qué ninguno en los últimos gobiernos se ha amarrado los pantalones “con hierros de ferrocarril”, como decía el ministro Tello de la época de Velasco Ibarra, y ha depurado Pacifictel, cuando por un largo período ha sido vox populi que ha habido contratos con sobreprecios, licitaciones y concursos amañados, enrolamiento de personal excesivo y decenas de irregularidades de diverso orden? ¿No sabe la gente de la calle que en Pacifictel, desde hace tiempo, manda fulano o mengano, y que se sigue entregando a la institución –aún en este Gobierno– a grupos determinados como resultado de negociaciones políticas? Y en cuanto a Petroecuador, ¿algún funcionario de alto nivel del ministerio respectivo, actual o pretérito, podría decirle al país por qué no se ha construido un reservorio en tierra después de tantos años y se prefiere tener un buque fondeado frente a las costas de Esmeraldas, como bodega flotante de combustibles, a un costo de miles de dólares diarios? La inversión se hubiera amortizado hace rato.

Si hay grandes falencias en las empresas petroleras, telefónicas y eléctricas (en estas últimas, proyectos de hidroenergía de los que vengo oyendo hablar desde que era estudiante), es lógico que exista un remezón, pero a fondo y verdadero, para que el Estado tape esos grandes agujeros por donde se escapan sus recursos, que son dineros que podrían destinarse a obras sociales en beneficio de la gente pobre del país.

Lo que no parece muy claro es que el coronel Gutiérrez quiera nombrar los reemplazos de los funcionarios, cuya renuncia se ha solicitado, a través de una comisión “sin rostro”, es decir anónima, pues de esa manera no se podrá reclamar a quien se equivocó premeditadamente. La lectura que se puede hacer es que el Presidente de la República no tiene los arrestos suficientes para poner una barrera a las presiones del Partido Sociedad Patriótica o de sus familiares y prefiere que sea una comisión y no él mismo o sus representantes “con nombre y rostro” los que seleccionen a los candidatos y escojan a los elegidos de conformidad con la ley y la experiencia y honestidad de cada uno.

La Constitución establece que “no habrá dignatario, autoridad, funcionario ni servidor público exento de responsabilidades por actos realizados en ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones”, y en el caso de los “sin rostro”, no habría a quién reclamar, además de que, en el peor de los casos, la disposición de designar a un empleado público a través de una comisión encapuchada, solo podría aplicarse a los funcionarios sujetos a un régimen de libre nombramiento y remoción, pero no a los inmersos en el servicio civil y la carrera administrativa.

En fin, si el afán del Presidente es sincero, debemos dar ideas alternativas a los “sin rostro”, a través de procedimientos constitucionales, democráticos y confiables, que ojalá se cumplan.