El diálogo para terminar el paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se rompió prácticamente sin que haya pasado de anuncios. Gobierno y dirigentes dieron por terminado el acercamiento, y el régimen asegura que los movimientos incumplieron lo acordado, empezando por abrir las vías.
El paro arrancó exigiendo la derogatoria de la eliminación del subsidio al diésel, pero suma demandas: congelar el costo de ese combustible, alza de salario a $ 650, entre otros pedidos. Y las protestas se han concentrado en la Sierra norte, aunque su afectación es nacional. La movilidad, la exportación de productos de la zona y la llegada de estos a mercados nacionales están restringidas.
En ese contexto, no se puede minimizar o no reconocer un malestar expuesto en la protesta social, tampoco cerrar opciones de solución. Observar experiencias de otros países aportaría en la ruta de recomponer la relación.
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Ecuador no puede darse el lujo de dejar crecer conflictos. Este paro pasa de los 30 días, más allá de las diferencias con movilizaciones indígenas del 2019 y 2022. El ministro del Interior, John Reimberg, señala que “cualquier cosa que pase será responsabilidad de ellos (indígenas)”.
La responsabilidad es compartida. Hay un Gobierno que con sensatez y decisión debe actuar para efectivizar una reconciliación, mas los movimientos sociales tienen que ofrecer opciones viables para reducir o eliminar tensiones.
Aunque son realidades distintas, hay ejemplos: en 2020, en Bolivia organismos internacionales mediaron el diálogo; en Chile, un pacto por la paz y un acuerdo para redactar una nueva constitución –aunque dos textos se rechazaron en las urnas en 2022– fueron la respuesta al malestar social, solo por mencionar dos casos. Ya en Ecuador, la mediación internacional y de la Iglesia ha funcionado. Hoy urge que no se siga dilatando una salida. Hay graves problemas que requieren un país unido: la delincuencia y el terrorismo son los reales enemigos. (O)