Hay bastante ruido en las alcaldías de Quito y de Guayaquil, tanto que las piedras del río no solo se escuchan, sino que también podrían dejarse ver, dependiendo de cómo resulten los hechos en los próximos días.

En el caso de la ciudad capital, el alcalde con grillete y otros trece procesados han sido llamados a juicio por peculado en la compra de pruebas PCR para detectar COVID-19 por presuntas irregularidades en la adquisición de 100.000 unidades, por un monto de $ 4,2 millones. Algunos voluntariosos afilan cálculos y también se pide la remoción del vicealcalde.

En el Puerto Principal, la alcaldesa está batallando con cuestionamientos a su gestión –por presuntas irregularidades en contratos otorgados– y una campaña en redes sociales que tiene como blanco su vida personal, ‘comidilla’ que no se degustaría con la misma avidez si el protagonista fuese hombre.

La alcaldesa tuiteó el pasado jueves: “Respecto de los procesos que están siendo investigados, personalmente me encargué de solicitar a la Fiscalía y motivar la gestión con la Contraloría, para que se evalúen, contando con nuestra colaboración en lo que necesiten. Único objetivo: que la ciudadanía conozca detalles”.

Esta debería ser realmente la única preocupación, y realizarse con oportunidad no solo por el partido político que la respalda sino también por los organismos de control: velar por la correcta administración municipal. Pues ha ocurrido con la Prefectura, que por ‘dejar pasar’ se escapa la oportunidad de lograr eficiencia.

En las elecciones para la Alcaldía de Guayaquil en 2019, Cynthia Viteri (de la alianza Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero) logró el 52,60% de los votos válidos. En segundo lugar llegó Jimmy Jairala (de la alianza conformada por Centro Democrático y Democracia Sí) con el 31,80%. El restante 15,60% de los sufragios se repartió entre los otros 15 candidatos que obtuvieron votaciones nimias: el tercer lugar captó solo 2,95% de la votación. Ahora la campaña de desprestigio en contra de Viteri habla de que está perdiendo aceptación popular, mientras ella lanza dardos en una dirección: “La vieja política y sus estrategias están caducas y en ese sentido, no malgastaré ni un segundo de tiempo, porque es muy valioso para avanzar. Soy una mujer con compromiso por el bienestar de mi ciudad y de mi gente”.

La administración municipal tanto de Quito como de Guayaquil –ambas ciudades neurálgicas del país– merecen ser llevadas con perfil de alta gestión. Si caben rectificaciones o sanciones, deben darse. El COIP prevé que los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, en beneficio propio o de terceros; abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados, en razón de su cargo, serán sancionados con pena privativa de libertad de 10 a 13 años.

Los actores políticos en disputa deben reparar en que tensar la cuerda por mantener hegemonías puede generar oportunidades para otros aspirantes a esos espacios de poder que quizás resulten peor que la enfermedad. (O)