El caso Chevron refleja los niveles de corrupción e impunidad y hoy el desafío es instaurar el juicio de repetición contra los irresponsables (autoridades, políticos y jueces) que participaron en este proceso de denegación de justicia, que determina el pago del Estado a la compañía por 220 millones de dólares, aunque pudieron ser 3.320 millones de dólares.
Ese es el reflejo de los políticos demagogos y populistas que subsisten y que han hecho tanto daño al país, en nombre del pueblo, que cae ingenuamente engañado, mientras ellos viven del negocio de la política.
También es el reflejo de la justicia, aunque no se puede generalizar, pero por diversos hechos ha habido procesos judiciales con jueces destituidos, jueces procesados penalmente, jueces corruptos condenados que colaboraron en los juicios y aceptaron su culpabilidad de haber contribuido con la delincuencia organizada, el narcotráfico, la minería ilegal y la narcopolítica.
Otros fueron protegidos y hasta premiados con cargos por el gobierno de los diez años, que hizo una campaña internacional contra la empresa de la mano negra y sucia de Chevron, con una millonaria inversión al traer artistas y actores del exterior, pero que al final terminó perdiendo el país, que debe pagar a la compañía 220 millones de dólares.
Esto no le exime de la responsabilidad a la empresa en la contaminación ambiental y los daños irrogados en la región Amazónica, pero otra cosa fue manipular a la justicia en los tres niveles, con la aspiración de ganar un juicio por nueve mil millones de dólares con los abogados activistas, que terminaron perdiendo el juicio en el exterior, aunque hayan ganado en el país con jueces corruptos, que quedaron al descubierto con la acción concertada con el régimen de turno de la revolución ciudadana.
El Tribunal Internacional de Arbitraje de la Corte de La Haya concluyó que el Ecuador era responsable de violar disposiciones del Tratado Bilateral de Inversiones suscrito con EE.UU. y también por denegación de justicia, a cargo de jueces corruptos en los tres niveles.
El éxito de la Procuraduría fue lograr que el país pague 220 millones de dólares y no los 3.320 millones de dólares que demandó la compañía, con argumentos de que era exagerado e infundado, pero la denegación de justicia ya no estuvo en discusión, fue un asunto concluido mucho antes.
Más allá de este fallo contra el país, hoy se viene el desafío de impedir que otro caso quede en la impunidad. El Estado, a través de su abogado que es el Procurador de la Nación, tiene obligatoriamente que iniciar el juicio de repetición contra todos los irresponsables que cometieron este hecho.
Se dirá que de llegarse a esta acción, jamás se llegará a recuperar los 220 millones de dólares, pero sentará un precedente y se enviará un mensaje para que no vuelvan a actuar de manera irresponsable y politiquera y que, de hacerlo, tendrán que responder con sus bienes, aunque acostumbran a ocultar o poner a nombre de familiares y testaferros.
La Constitución, que tanto se manosea y se aplica a conveniencia de los interesados, sostiene en el artículo 11, numeral 9, que el Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, administrativas y penales. Quiero verles haciendo prevalecer alguna vez las normas vigentes y que dejen de ser letra muerta. (O)
