A ciudadanos demócratas les preocupa lo que consideran una deriva autocrática en Daniel Noboa Azín (DNA). Señalan: a) El absoluto control de la Asamblea, que no se constituye en un contrapeso del Ejecutivo; b) La política de seguridad “conflicto armado interno” restringe los derechos humanos, lo que se concreta en las leyes de urgencia económica; c) Pugna con Corte Constitucional (CC), a tal punto de organizar marchas en su contra; d) Convocatoria a una constituyente, que recuerda a Correa y Montecristi; e) Represión de la violencia de la Conaie, en contraste con sus dos inmediatos antecesores.

Hay mérito en estas preocupaciones. Pero pongámonos en los botines de DNA: Lasso convocó a elecciones anticipadas y renunció a candidatizarse porque la Asamblea se aprestaba a destituirlo con base en una acusación trucha que la CC refrendó. Fuentes de su gobierno ratifican que tenían los votos para la absolución, pero que Lasso no estuvo dispuesto a comprar los votos dirimentes.

No se trata de oposición ideológica sino de una oposición dedicada a obstaculizar la acción del Ejecutivo y a conspirar a tiempo completo. ¿No es acaso legítimo que Noboa busque el control de una Asamblea de esta índole?

La CC no se constriñe a frenar abusos del presidente y a arbitrar conflictos entre Ejecutivo y Legislativo. Declara inconstitucionales leyes aprobadas en armonía entre presidente y Asamblea: la CC, primer poder del Estado. A Lasso lo conminó a subir sueldos públicos carentes de financiamiento, echó abajo sus leyes económicas, dio paso a su destitución por cargos forjados.

Las leyes de Noboa que la CC declara inconstitucionales disponían entre otras cosas: 1) la evaluación de empleados públicos y destitución de los que no pasan la prueba; 2) fusión de las juntas monetaria y financiera, para facilitar el manejo de crisis bancarias, 3) incautar bienes a los narcotraficantes y enjuiciar a los integrantes de las bandas. Además le niega a DNA preguntas de reforma constitucional que pretendía consultar.

¿Es acaso excesivo de Noboa recurrir al último recurso constitucional que le queda, una asamblea constituyente?

Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (JNG) se disputan el control del Ecuador por medio de sus bandas locales aliadas. JNG está a la ofensiva con los Lobos, que estuvieron tras el asesinato de Villavicencio, con presunta participación de figuras del correato. Sinaloa a la defensiva con Los Choneros. Según un exdirector de la DEA, “el objetivo ulterior es que uno u otro cartel logre someter a Ecuador bajo su dominio”.

Los jueces consideran que los narcos merecen cumplir sus condenas en la calle, no en las cárceles. Las ciudades costeñas constan entre las de mayores homicidios del mundo. ¿Para los magistrados de la CC es esto irrelevante? ¿Acaso esta situación no amerita que el Ejecutivo busque fortalecer sus herramientas en su lucha contra los narcos?

La Conaie, en sus dos levantamientos del poscorreato, causó destrozos en Quito y puso de rodillas a los gobernantes. Noboa no está dispuesto a repetir esta historia y aguanta a la espera de que los comuneros se cansen y dejen de acatar las consignas de los dirigentes.

¿Es preferible agachar la cabeza y repetir los acontecimientos de 2019 y 2022? Sopese estos argumentos, amable lector. (O)