La posición irrazonable de las empresas que realizan transportación marítima, sea de carga seca o refrigerada, de profundizar el control del mercado imponiendo condiciones contrarias a la libre competencia y sostener elevadas tarifas, ha motivado que el presidente estadounidense, Joe Biden, haya promulgado una ley con la venia bipartidista modificatoria a la actual, buscando enderezar drásticamente prácticas oligopólicas condenadas por organismos internacionales como la Unión Europea, que critican con rudeza la voracidad aplicada a las tarifas de fletes aprovechando situaciones dramáticas como la devastadora pandemia que sigue aquejando al mundo.

Les ha dicho el adalid demócrata, con amplia difusión en la prensa internacional, que no han sido satisfactorios los multimillonarios ingresos estimados en $ 190.000 millones anuales, obtenidos no por aumento de volumen movilizado sino por subida ilimitada del valor tarifario, poniendo en vigencia prácticas condenables como retornar con los contenedores vacíos dejando mercancías de todo tipo, incluyendo las perecederas, creando escenarios de escasez que propician elevaciones perjudiciales a las naciones productoras, favoreciendo exclusivamente a compañías extranjeras que ni siquiera tributan en naciones de origen de las mercancías.

Nunca un líder de tanta influencia se ha expresado con tanta frontalidad y vehemencia descarnando una realidad desequilibrante que según Drewry, grupo consultor naviero, ha conducido a las industrias del transporte marítimo de contenedores a recibir utilidades “inesperadas” que podrían alcanzar $ 300.000 millones en el 2022, cuando ya para el 2021 ascendieron a $ 214.000 millones; en paralelo, las cotizaciones de fletes continuarán al alza hasta alcanzar más del 40 % del importe actual, hasta fines de año. Este esquema del mal se perfecciona en el caso del banano latinoamericano cuando las grandes cadenas de supermercados, ahora también propietarias de naves portadoras de contenedores refrigerados, consolidan una influencia que llega a manejar los precios internos de naciones con vocación exportadora, para lo cual no existe ley que los detenga.

Se ha generado un estimulante optimismo por la norma americana que permitirá establecer correctivos que frenen los abusos, estando de por medio la voluntad política de la nación más poderosa que acumula influencias por sí mismo o por el manejo que ejerce en la economía mundial, porque asume que una de las causas determinantes de la inflación se motiva en el costo de la movilización de mercancías de importación y exportación, determinantes del posicionamiento de países latinoamericanos en el comercio de alimentos frescos y procesados.

El problema es tan grande que se gesta una corriente a favor de una posición combativa y conjunta entre importadores y exportadores para acordar medidas que reduzcan la oferta de productos, empujando a la mesa de negociaciones a la industria del mar hasta lograr portes razonables, luego de un vigoroso trabajo diplomático concertado con el empresariado privado que conduzca a un final feliz como tarifas a niveles aceptables. (O)