En esa disyuntiva nos ha colocado la Corte Constitucional; tenemos que escoger entre cerrar los pozos petroleros en el Yasuní o permitir que se siga extrayendo el oro negro. La lentitud de nuestras instituciones nos ha conducido a decidir sobre esta consulta con diez años de retraso; hace diez años significaba no explorar, no iniciar la explotación, hoy significa tapar los pozos, reducir los ingresos nacionales, despedir empleados, indemnizar a las compañías que están operando, a las compañías y personas que les proveen materiales y servicios, y dejar a las habitantes de la zona sin los beneficios de salud, educación y otros que actualmente reciben.
Presidente, Corte, ¡piedad por jubilados!
Además, los magistrado de la Corte, como sabios en leyes del Estado, y neófitos en la vida práctica, en el funcionamiento de ese mismo Estado, han dispuesto que todo debería quedar cerrado en un año, si así se dispone en la consulta, sin que sepan si eso es técnicamente posible, lo que no sería el caso.
Además, y esto es bien importante, los métodos, los sistemas de extracción del petróleo han evolucionado a una velocidad pasmosa, reduciendo sustancialmente los daños a la naturaleza. Sin contar con que los daños ya están hechos y con que los campos de operación serían empleados por otras personas para otras actividades de igual o mayor afectación ambiental. Entre otros, le he escuchado al nuevo gerente de Petroproducción (cada seis meses hay uno nuevo), que entiendo es un antiguo funcionario, explicar los métodos actuales de explotación que reducen grandemente los daños ambientales, y la zona en la que se opera es de apenas 80 hectáreas, entre los miles de hectáreas del ITT. En el mismo espacio de entrevistas, en el Canal 6, escuché al alcalde del área, en el Tiputini, afirmar que la población de la zona está opuesta a la consulta por los beneficios que le trae la operación petrolera; si la consulta tuviera lugar entre los moradores locales, sin duda la negativa sería generalizada. Ya veremos los resultados. Una cosa es una apreciación pseudointelectual desde la ciudad y otra, desde el campo. Algunos hablan de conseguir fondos internacionales para compensar la pérdida de la producción, pero eso ya se intentó y se fracasó, y por eso se dio paso a la explotación actual.
El llamado tardío a la consulta produciría grandes perjuicios como los que señalo de manera general. Es una irresponsabilidad por la que alguien debe pagar.
Todo ejercicio de una función pública lleva consigo una responsabilidad.
Los magistrados de la Corte Constitucional son responsables de los perjuicios que le ocasionan al país. Si tienen tiempo, deberían dejar sin efecto el llamado a consulta. Como un contrasentido más, entiendo que esto es responsabilidad del CNE, por ahorrar, dicen –cuánto tantos miles de millones se pueden perder–, la consulta va a tener lugar al mismo tiempo que las elecciones generales.
Ya escuchamos a los candidatos retorciéndose para explicar sus posiciones, en que por lo general no dicen si están a favor o en contra.
¡Preservar sí, destruir no! (O)
