Este domingo, estamos convocados para responder a cuatro preguntas planteadas por el presidente de la república.
La primera, “¿está de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras…?”. Es evidente que la intención no es entregar nuestro territorio para que cualquiera se apodere del mismo con fines contrarios a nuestros intereses. Lo que se busca es utilizar la ayuda foránea como un elemento disuasor para el cometimiento de los graves delitos que afectan nuestra vida cotidiana, como el narcotráfico y la extracción ilegal de minas, cuyas garras se han extendido en el país provocando muerte, violencia, destrucción y terror; y, para ejercer un mejor control que permita aminorar el tráfico de las drogas por los tres corredores del Pacífico, Sierra y Amazonía. Este establecimiento no tendría carácter permanente.
La segunda: “¿está de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas…?”. El artículo 110 de la Constitución establece que: “Los partidos y movimientos políticos se financiarán con los aportes de sus afiliadas, afiliados y simpatizantes, y en la medida en que cumplan con los requisitos que establezca la ley, los partidos políticos recibirán asignaciones del Estado sujetas a control...”. En las elecciones pasadas, 78 organizaciones políticas estuvieron habilitadas para auspiciar candidaturas, y, de las 16 que participaron buscando la presidencia de la república, 12 ni siquiera alcanzaron el 1 % de la votación. El límite del gasto para dichos comicios fue de $ 91,7 millones. Estamos entregando importantes cantidades de dinero para que, con honrosas excepciones, el destino del pueblo ecuatoriano se confíe a manos indecorosas e ineficientes, en vez de dedicarlo, en lo que se pueda, a sacar del marasmo en que se encuentra más del 50 % de la población que vive en la pobreza y en la pobreza extrema. En muchas ocasiones, ha sido pagar para que nos disparen con la misma pistola. Más de 450.000 niños y adolescentes están fuera del sistema educativo. En el año lectivo 2024-2025 más de 19.000 estudiantes abandonaron sus escuelas siendo, en muchos casos, muy precaria la infraestructura escolar. Entre 2022 y 2023 se destinaron 3.610 millones de dólares para la salud, siendo insuficiente la atención estatal también en este rubro. Esos fondos debieran pasar a la atención de la salud y educación de los más desposeídos.
La tercera: “¿Está de acuerdo con reducir el número de asambleístas…?”. El gasto anual del parlamento, solo en sueldos de 151 legisladores, es de $ 8.623.308.00, sin considerar otros gastos. Necesitamos reducir su número y mejorar la calidad, aumentando drásticamente los requisitos para tener buenos legisladores y no buenos alzamanos.
La última: “¿está de acuerdo en que se convoque una Asamblea … para elaborar una nueva Constitución…?”. Necesitamos una Carta Magna que eche abajo las restricciones y estructuras de la actual, que favorece la concentración de los poderes del estado en una sola persona, que impide el desarrollo estructural del país y que beneficia a los delincuentes, debiendo eliminarse, además, el CPCCS, el CNJ, la prohibición del trabajo por horas, la vicepresidencia de la república y la muerte cruzada, entre otros. (O)
