Resulta inconcebible e inadmisible que a vista y paciencia del país existan instituciones de control y de justicia que no funcionan a plenitud por procesos engorrosos, falta de decisiones y de voluntad política. Otras, con encargados por años, que no responden a las grandes necesidades y urgencias que tiene la nación.
Todo esto en medio del conflicto armado interno, el combate a grupos delincuenciales organizados, el narcotráfico y la narcopolítica, que no solo cuenta entre sus filas a condenados por corrupción, sino acusados por violación a menores, aunque pretendan lavarse la cara con mentiras.
Se vive en medio de un círculo vicioso porque no se cuenta con titulares en organismos de control importantes debido a la falta de definiciones en el Consejo de Participación Ciudadana, llamado a realizar los concursos para la designación de las autoridades, que a su vez se ha visto obstaculizada por la falta de ternas o completarlas por renuncias, enviadas por las funciones del Estado.
Falta designar al fiscal, renovar el Consejo de la Judicatura, el Consejo Nacional Electoral, designar al defensor del Pueblo, que por años tiene a un encargado, entre otros. Tal es la lentitud de los procesos que, en el caso de la Fiscalía, recién en octubre próximo estaría integrada la comisión ciudadana que se encargará de hacer el concurso público para escoger al nuevo fiscal general.
El Consejo de la Judicatura, órgano administrativo y disciplinario que procesa a malos jueces, fiscales y operadores de justicia, no puede funcionar a cabalidad por falta de vocales. A duras penas cuenta con tres de cinco y, si se enferma uno, como ha ocurrido las últimas semanas, no hay ni siquiera quorum para instalarse.
El CPCCS debe designar a los vocales titulares, pero ha tropezado con las ternas, demoradas, incompletas, devueltas y reemplazadas en el tiempo, con observaciones y críticas. Una de las renuncias irrevocables presentada con dignidad por quien encabezara la terna de la Corte Nacional y que de hecho debía presidir el próximo CJ, con el argumento de que no se garantizaba en este proceso la designación con parámetros de méritos, experiencia y conocimiento.
Una vocal del CJ reveló la semana anterior que prescribieron 19 causas disciplinarias, que llegarían a 28 con el paso de los días, contra jueces y operadores de justicia, 10 de los cuales con falta gravísima, artículo 109 del Código Judicial, por error inexcusable, dolo o manifiesta negligencia. Uno de ellos por el escandaloso caso Metástasis, reflejo de la podredumbre en una parte de la administración de justicia. Prescriben las causas y estos malos funcionarios siguen en sus puestos, “impartiendo justicia”.
Solo en el último año hubo, según datos del CJ, 100 servidores judiciales destituidos, tras 757 expedientes disciplinarios sustanciados, entre ellos de los casos emblemáticos Metástasis, Purga, Plaga, lavado de activos, que determinó la salida de 40 jueces, fiscales y operadores de justicia, algunos de los cuales están en la cárcel y que reconocieran su ayuda a la delincuencia organizada.
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Es gravísima la crisis no solo por la falta de funcionamiento del Consejo de la Judicatura. Hay déficit por el momento de 754 jueces en Corte Nacional (11 y sus respectivos conjueces), cortes provinciales, tribunales distritales, tribunales penales, unidades judiciales, constitucionales. Todo esto refleja la débil institucionalidad que se vive. (O)
