En medio de tambores de guerra alrededor del resto del mundo, América Latina está viviendo su propia guerra de baja intensidad, desatadas por los carteles y bandas armadas que siguen golpeando la democracia y hasta las instituciones diseñadas para cuidarla. El último atentado letal fue contra el candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay. Muchos dirán que su asesinato se enmarca en la violencia política histórica colombiana, mitificada por la literatura de Gabriel García Márquez y representada por los magnicidios de Jorge Eliécer Gaitán en 1948 y Luis Carlos Galán a finales de los 80. ¿Pero puede realmente argumentarse que Colombia es un caso aislado cuando la violencia política se ha normalizado en varios países de América Latina? Apenas el pasado viernes, la Fiscalía colombiana anunció que uno de los conspiradores del atentado –de los 5 anunciados en las investigaciones preliminares– vive en el Ecuador. Es claro que las circunstancias y modalidad del atentado guardan una relación estrecha con el magnicidio de Fernando Villavicencio en el 2023.

México es, decididamente, el peor de los casos, con 50 asesinatos políticos este año y total impunidad. Sin contar los asesinatos sistemáticos en toda la república. Un día antes del intento de asesinato de Uribe, Indepaz y la oficina de Naciones Unidas en Colombia habían anunciado las cifras de asesinatos a líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz del 2017, y ya sumaban 67 y 21, respectivamente, solo en el 2025. Eso sin contar con las 32 masacres de campesinos e indígenas, víctimas del fuego cruzado de los disidentes del acuerdo de paz y el ELN. Los peruanos aún no acaban de procesar la cantidad de víctimas que dejan grupos armados que disputan minas ilegales en el norte del Perú, a pocos kilómetros del Ecuador.

Es claro que hay toda una red latinoamericana de sicarios a sueldo, con cada vez mejores estrategias y que responden a mayores intereses escondidos y ya muy intrincados con la política, instituciones policiales y judiciales y el crimen organizado. Es una multilatina del delito con similares tácticas y patrones. El lenguaje político tampoco ayuda y quienes se jactan de hablar de odio y de enemigos políticos a diestra y siniestra generalmente terminan azuzando acciones de violencia y generando excusas para la venta de servicios de la muerte, que es otra de las multilatinas creadas por el crimen organizado, inicialmente vinculado al narcotráfico, pero que ha permeado a esferas de la economía, la sociedad y la política.

Ecuador apenas está despertando a esta macabra realidad y el gobierno no parece entender que se necesita mejor inteligencia con estrecha coordinación intrarregional pero con estrictos controles democráticos por todo lo que aquí he expuesto: sin controles democráticos y judiciales las fuerzas de seguridad e inteligencia no solo pueden ser instrumentos de gobiernos populistas y autoritarios, sino puertas de entrada y vigilancia del mismo crimen organizado. Lo expedito es generalmente enemigo de la justicia o de la paz. La salida no pasa por mimetizarse con Bukele, sino bajar la olla de presión de la exclusión, la pobreza y la violencia en la que seguro vive el chico de 15 años que apretó el gatillo contra Miguel Uribe. (O)