Antes de los comentarios que ya estaban escritos, y que los mantengo, quiero referirme a las medidas provisionales de protección de derechos, dictadas, en las últimas horas, por la Corte Constitucional, en relación con las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, a propuesta del presidente de la República, y cuya constitucionalidad ha sido impugnada por varios sectores.
Esas medidas provisionales de protección de derechos constituyen indicios serios de que la Corte Constitucional va a actuar –como lo ha hecho antes- estrictamente en derecho, desechando consideraciones de conveniencia política.
Vuelvo al artículo ya escrito referente a la política internacional.
Hace más de un siglo, el presidente estadounidense Teodoro Roosevelt aplicó a América Latina su política del “gran garrote”, para que evitara los bloqueos de las entonces poderosas potencias europeas, pagándoles lo que les debían. Hizo de policía de la región.
Algo parecido, por el empleo de la fuerza, está tratando de hacer el actual presidente de EE. UU., Donald Trump, a nivel mundial, imponiendo aranceles a casi todos los países para proteger su propia economía, que ha perdido competitividad, y para procurar imponerse en su política exterior; aunque las cosas no les están saliendo tan fáciles, porque ya no vivimos en un mundo unipolar. Así, su orden de imponer aranceles a quien compre petróleo a Rusia ha recibido el rechazo de otras grandes potencias comerciales: China e India.
Pero Trump ha ido más allá, tratando de intervenir en el Poder Judicial de otros países para proteger a sus amigos políticos: imponiendo un arancel del 50 % a Brasil porque su Poder Judicial está juzgando al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, acusado de querer retener el poder y no transmitirlo al ganador de la elección anterior, Lula da Silva; y, en Colombia, amenazando al presidente Gustavo Petro porque, no él, sino el Poder Judicial, ha condenado a 12 años de prisión domiciliaria, apelables, al expresidente Álvaro Uribe. Los dos Gobiernos están defendiendo la soberanía de sus naciones y algo igualmente importante, trascendental: la independencia de los jueces; sin ella la justicia no existe; ellos no deben actuar ni por temor ni favor, menos por una consideración política, y mucho menos por temor a sanciones personales, como amenazas de retiro de visa o prohibición de ingresar a un país extraño al lugar de los juzgamientos. Todo eso es coacción.
Lo dicho en los casos de Brasil y Colombia es aplicable al Ecuador, en las impugnaciones por inconstitucionalidad a los proyectos de ley iniciados por el presidente y aprobados por la Asamblea Nacional. Los magistrados constitucionales tienen por delante una inmensa responsabilidad: la de fallar conforme a derecho, y nada más, haciendo oídos sordos a amenazas o cantos de sirena. Pensar en el juicio de la historia, que es permanente. El presidente también se juega su prestigio: de gobernar el Ecuador respetando su Constitución, venciendo a cualquier tentación totalitaria de su círculo. Víctor Hugo decía que “el derecho no puede estar, como el coloso de Rodas, con sus pies en dos orillas”. (O)