La Constitución, en el numeral 13 del artículo 66, reconoce el derecho a asociarse, reunirse, manifestarse en forma libre y voluntaria. Este derecho, reconocido universalmente, permite expresarse a sectores ciudadanos que, en un momento determinado, reclaman la falta de servicios o desatención gubernamental, y que no tienen un interlocutor válido. Los grupos políticos también se manifiestan por sus principios y para manifestar su rechazo con actos del poder que consideren contrario a sus ideas, y que no tienen en muchos casos representación popular donde actuar. Todo esto es perfectamente válido como derechos ciudadanos que deben encausarse y no reprimirse.

Sin embargo, algunas organizaciones indígenas, que constituyen el 7 % de la población del país, se unen con grupos políticos que ya en paros anteriores han demostrado que no tienen voluntad de manifestarse, sino de cometer actos terroristas, sediciosos, hasta de incendiar instituciones del pueblo, destruir pruebas y procesos contra los gobernantes que saquearon la patria.

Cansado de paros

Saqueos, violencia y robos que se infiltran en las movilizaciones desvirtúan el rol histórico de la protesta social en Ecuador

La manifestación proyectada el 8 de marzo, impidiendo celebrar el Día Internacional de la Mujer, dispuesta por el consejo ampliado de la Conaie, pidiendo la renuncia del presidente, es un acto fuera de la ley. En la Constitución existen procedimientos para hacerlo, como la revocatoria del mandato, o en las facultades de la Asamblea. El presidente ha sido electo por todos los ecuatorianos y los que respetamos la ley no aceptamos golpes de Estado que no merecen respaldo ciudadano, que este caso no es solo contra el presidente sino contra todos los que respetamos las leyes. La violencia no es solución, aunque sus causas puedan ser justas o injustas.

El presidente ha sido electo por todos los ecuatorianos y los que respetamos la ley no aceptamos golpes de Estado...

Racismo

También radicalizan la lucha en defensa de sus demandas históricas. Toda demanda, histórica o no, debe encuadrarse en las leyes que deben cumplir todos los ciudadanos. También hablan de lucha contra las formas de opresión sin expresar cuáles son. Pero acaso quieren reemplazar las formas de opresión, contra las cuales todos estaríamos, por la de grupos indígenas con sus financistas. Además rompen el proceso de diálogo con el Gobierno, pero este no debe aceptar todas las exigencias de la Conaie, porque el Estado también tiene que considerar que representa al 100 % de los ecuatorianos. Tampoco puede atender exigencias que se quieren imponer por la fuerza.

Por qué no exigió el señor Iza la lucha contra la corrupción y el desarrollo del narcotráfico, como sí lo hicieron otros sectores indígenas desde hace 14 años. No recuerda el señor Iza que la Conaie exigía la salida de la base de Manta, que servía para controlar el narcotráfico. La Conaie se ha quedado callada con la inmensa corrupción de los gobiernos anteriores. La Fiscalía está investigando la corrupción en este Gobierno y hay que esperar resultados; pero que se acuse de narcotráfico al Gobierno –que está buscando apoyo internacional para combatir a los narcos– cuando fueron los coidearios de Iza quienes dieron oportunidad al narcotráfico transnacional, es pensar que no hay verdad en proclamar la defensa de intereses del pueblo ecuatoriano. (O)