Lo que se juega en la elección de agosto es algo que rebasa largamente el escaso periodo de dieciocho meses que tendrán para su gestión las autoridades que provengan de ella. Al contrario podrían ser necesarios apenas unos pocos días para que, desde la Presidencia y desde el Legislativo, produzcan un vuelco en varios aspectos. Basta considerar la situación económica en que se encontrará el país a finales de este año para prever la desesperación que tendrá quienquiera que deba hacerse cargo. No es casual que ninguno de los candidatos haya colocado el tema económico en el centro de su agenda. Si lo hicieran, y sobre todo si actuaran con responsabilidad estarían obligados a aceptar que el ajuste será inevitable.
Noticias sobre las elecciones del 20 de agosto en Ecuador.
Los que han tocado de refilón ese tema han anunciado, muy sueltos de huesos y con harta ignorancia, que echarán mano a las reservas internacionales. Si llegaran a hacerlo provocarían una crisis inmediata y abrirían una situación inmanejable hacia el mediano plazo. La dolarización no podría mantenerse por los efectos que eso tendría en el sistema financiero y en el ámbito fiscal. Esta se acabaría en un plazo más corto si triunfara el binomio correísta, ya que sería muy probable que el vicepresidente insistiera en la propuesta de emitir un dinero mal llamado electrónico que hizo cuando optaba a la presidencia. Todo ello se agravaría si en la consulta triunfara la opción de cesar la explotación y exportación del petróleo del Yasuní.
Obviamente, nada de esto se dice, porque en campaña lo que importa es ganar votos, y ya se sabe que buena parte de estos provienen de quienes son tratados como imbéciles borregos que siguen mansamente a quien les conduce al matadero.
La elección de agosto tiene más importancia que la que deberá realizarse... en el año 2025...
Junto al futuro de la economía, esta elección servirá también para definir si se concreta la operación tenaza que se viene armando para lograr la impunidad de los procesados y condenados por corrupción. Ya están dados los primeros pasos con el control del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ha definido como principal y única tarea la destitución de la fiscal general. Los mismos que defendieron el plagio del exvicepresidente Jorge Glas, comprobado y reconocido por el mismo, ahora buscan la destitución de la funcionaria que se ha convertido en el principal escollo para dejar sin efecto las condenas. Coincidentemente, ella es objeto de amenazas de muerte, como lo es también el abogado Juan Esteban Guarderas que, por medio de procesos legales, impugna la campaña electoral que les dio el triunfo a varios miembros de ese Consejo. En fin, a la tenaza le falta una pequeña parte de un brazo, que es la operación desde el sistema judicial. Esta fracasó por la torpeza con que actuaron, pero sería factible si tuvieran la oportunidad de meter nuevamente la mano en la justicia.
En efecto, dieciocho meses no son pocos para avanzar en la demolición del país. Lo que se elige no es solamente un Gobierno y una Asamblea de transición. La elección de agosto tiene más importancia que la que deberá realizarse casi de inmediato en el año 2025, porque esta última dependerá de lo que ocurra en esos dieciocho meses o, con mayor precisión, en unos pocos días o semanas de ese periodo. (O)
