Las reflexiones sobre lo que significa el Día del Trabajo me acompañaron durante toda la semana. En realidad es un homenaje a quien realiza el trabajo, es decir, a todos los seres humanos: los obreros, los artesanos, los oficinistas, los artistas, los científicos, los profesionales, los agricultores, todos los que lo hacen dentro de las normas legales y los que se ven obligados por las circunstancias a ser considerados ilegales, porque el valor del trabajo humano no es el tipo de trabajo que se hace, sino el hecho de que lo realiza un ser humano, que es el único que produce y se nutre de la ciencia, el progreso, la civilización y la cultura. Mediante el trabajo, los hombres y las mujeres no solo transforman la naturaleza adaptándola a sus necesidades, contribuyen al bien común, pues actúan y se realizan en una sociedad.

El homenaje del 1 de mayo es para todos, pero en esta nota quiero referirme específicamente a los agricultores, a los que están en contacto diario con la tierra y lo que en ella se produce, y sin cuyo trabajo no podríamos subsistir. Es derecho de los pueblos definir y controlar sus sistemas alimentarios y de producción de alimentos y hacerlo de forma equitativa y respetuosa con el medio ambiente. Esto es lo que en palabras sencillas propone la soberanía alimentaria.

En Ecuador, el artículo 281 de la Constitución señala que “La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados, de forma permanente”. Es también una propuesta política para enfrentar el problema del hambre y la desnutrición y, al mismo tiempo, una concepción ética del derecho a la alimentación y del deber de respetar la naturaleza, el suelo, el agua, el aire.

La realidad nos dice que estamos lejos de aplicar el texto constitucional. Según datos oficiales, el 23,1 % de los niños menores de 5 años tienen desnutrición crónica infantil o retraso en su crecimiento. En las comunidades rurales la cifra es mayor, 28,7 %, y en la población indígena el 39 %, según datos de Unicef.

Paradójicamente es en lugares y comunidades donde se produce la mayor parte de lo que consumimos en nuestras mesas.

Poner en práctica la soberanía alimentaria, además de atender las necesidades de la población, es una forma de desarrollar la economía campesina y propiciar la producción familiar. Ya hay ejemplos de lo que se puede lograr, se nota en la exportación creciente de productos no tradicionales, según se conoce. ¿Sabíamos que íbamos a exportar pitahaya, chocho y mote con valor agregado convertidos en snacks, carne de pollo y carne de cerdo? Pues sí, se producen en diversas provincias y se exportan a varios países, por ejemplo, a España, Alemania, Chile, Colombia, Costa de Marfil, Estados Unidos.

Hacer crecer la producción para la soberanía alimentaria es prioridad y si, además, podemos exportar en buena hora, pero para eso se necesita escuchar y propiciar la participación y el acceso de los pequeños y medianos agricultores al financiamiento y la tecnología. (O)