Siempre el progreso llega a los países cuyos Gobiernos ejecutan una política de Estado que trasciende los intereses de los círculos de poder o las razones coyunturales. En cambio, la política diseñada para el futuro y orientada a resolver los más graves problemas de la nación es la que mayores beneficios brinda a la colectividad.
El Ecuador, lamentablemente, ha pecado por omisión en este aspecto. Es cierto que en ocasiones se practicó una política de Estado, como en el caso de Eloy Alfaro, quien en sus administraciones tuvo dos objetivos fundamentales: la implantación del liberalismo y la construcción del ferrocarril Guayaquil–Quito para unir la Costa con la Sierra. Sin embargo, una vez instaurado el liberalismo y concluida la obra ferroviaria, los Gobiernos posteriores carecieron de la suficiente visión, obstinados en frenar el avance de nuevas ideas y perdiendo la oportunidad de revitalizar la democracia ecuatoriana.
A raíz del Protocolo de Río, se inició como política de Estado una acción diplomática orientada a reparar la desmembración de 1941. Durante más de 50 años, en escuelas, colegios y universidades se insistió en que dicho Protocolo era absolutamente nulo.
Por otro lado, Galo Plaza, en sus cuatro años de gobierno, impulsó el cultivo del banano, que poco a poco floreció en las llanuras costeñas hasta convertirse en el principal rubro de exportación. Sin embargo, en administraciones posteriores faltó seguimiento para evitar errores, como ocurrió con la destrucción de cacaotales, cuando lo evidente era otorgar facilidades tributarias a sus cultivadores.
Mientras que Velasco Ibarra ejecutó el plan vial nacional; Camilo Ponce impulsó la construcción del Puerto Marítimo de Guayaquil, la continuación de la red vial y la automatización de las telecomunicaciones, junto con un adecuado manejo de las rentas fiscales. Administraciones posteriores apostaron por la instalación de centrales hidráulicas, el saneamiento de la economía, la expansión de la educación pública y el mejoramiento social.
El país necesita que el presidente Daniel Noboa impulse la construcción de una verdadera política de Estado, concebida a largo plazo y capaz de trascender su propio gobierno. Para ello, es indispensable convocar a un gran acuerdo nacional que integre a las fuerzas políticas, los gremios, la academia y la sociedad civil, priorizando los intereses del Ecuador por encima de cualquier cálculo electoral.
Esa política debe estructurarse en ejes fundamentales: seguridad con estrategia; una economía estable y productiva; un Estado eficiente y transparente; un sistema de salud con calidad y cobertura; una política social focalizada y medible; una inserción internacional pragmática; y el desarrollo de la energía y la sostenibilidad como ventajas competitivas.
Además, a ello debe sumarse el fortalecimiento de la institucionalidad y la seguridad jurídica, pilares esenciales para consolidar la confianza ciudadana y dinamizar la inversión. Con reglas claras y estabilidad, los esfuerzos del país se potencian. Es una oportunidad para afianzar una visión compartida de largo plazo que siente bases sólidas para las futuras generaciones.
Por supuesto, esas son las esperanzas de la gran mayoría de los ecuatorianos. (O)