El 17 de noviembre quedará en la historia del Ecuador como la fecha en que se instaló la primera Asamblea Nacional producto de la aplicación de la muerte cruzada, recurso previsto por la Constitución del Ecuador como un mecanismo para resolver una crisis política o un bloqueo institucional, al que pueden recurrir el presidente de la República o la Asamblea Nacional, y que consiste en dar por terminadas las funciones de quienes ejercen esos cargos y convocar a nuevas elecciones para que los elegidos terminen el período inconcluso.

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Es claro que los nuevos legisladores tendrán como principal responsabilidad la de facilitar la gobernabilidad y eso supone un cambio en la manera de entender su tarea y de ejercerla, actuando como lo dice la Constitución y lo espera la ciudadanía.

En el artículo 127 de la Carta Magna se señala que los asambleístas deben ejercer sus funciones al servicio del país y con sentido nacional y que serán responsables de sus acciones u omisiones y estarán obligados a rendir cuentas a sus mandantes.

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Esto requiere entender que los ciudadanos los eligieron para que actúen siempre pensando exclusivamente en el país y en el bienestar de los ecuatorianos. Una vez elegidos y posesionados se deben al Ecuador y su gente, por encima de los intereses del partido, de la familia, de los amigos. Para que la Asamblea cumpla su cometido serán indispensables los diálogos, los acuerdos, sí, los acuerdos que no son malos sino necesarios cuando se llega a ellos con el objeto de contribuir al desarrollo del país, sin condiciones y sin buscar beneficios personales o particulares.

(...) las personas que llegan a las funciones a las que me he referido están allí porque fueron elegidas por la mayoría...

La comisión de investigación tiene un papel fundamental y sus miembros deben trabajar sin prejuicios, sin dar cabida a afectos o desafectos y si el caso debe pasar a la Función Judicial, será bueno que recuerden que hay independencia de funciones y que deben respetar las decisiones de los jueces, sin dar cabida al tráfico de influencias, o lo que es peor, a los intentos de soborno o a las amenazas.

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Pero no es solo la Asamblea Nacional la que debe cambiar, también le corresponde al Poder Ejecutivo trabajar abierto al diálogo, escuchar no solo a los asambleístas sino también a sus colaboradores y a los ciudadanos y mantener una política de comunicación permanente con las otras funciones si fuera necesario y con el pueblo al que le han hecho algunas promesas.

La Función Judicial tiene un papel fundamental en el combate a la corrupción, a la delincuencia y al terrorismo. De la imparcialidad, honestidad y preparación profesional de quienes administran justicia depende en mucho el cambio de la violencia a la paz.

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Pero quizás el cambio mayor corresponda a los ciudadanos, las personas que llegan a las funciones a las que me he referido están allí porque fueron elegidas por la mayoría; en otras palabras, somos responsables de que algunos irresponsables tengan en sus manos el destino del país y sus habitantes y de que no les exijamos la rendición de cuentas a la que están obligados.

Vivimos una crisis grave y profunda, pero las crisis pueden ser la oportunidad para el cambio. (O)