En días anteriores, ecuatorianos y colombianos fuimos sorprendidos por las declaraciones del presidente de la República vecina, Gustavo Petro, quien acusó al Ecuador de violar su espacio aéreo mediante un supuesto bombardeo en territorio colombiano. A ello sumó la afirmación de haber encontrado cadáveres calcinados. La gravedad de estas declaraciones las convirtió en una verdadera “noticia bomba”, incluso con insinuaciones de acudir a instancias internacionales.
Sin embargo, la versión se debilitó rápidamente. Imágenes difundidas mostraban un artefacto que aparentaba ser una bomba sin detonar, deteriorada y oxidada por el tiempo. Tras las investigaciones, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas colombianas descartó cualquier evidencia de bombardeo ecuatoriano, señalando que el objeto pudo haber cruzado la frontera por efecto rebote, sin intencionalidad. Sobre los supuestos cadáveres, no se presentó prueba alguna. Ante esta contradicción, el presidente Petro terminó retractándose.
En Colombia, medios y actores políticos cuestionaron la ligereza de sus afirmaciones, atribuyéndolas más a cálculos internos que a hechos verificables. En Ecuador, algunos sectores intentaron sostener la narrativa por afinidad ideológica, pese a su fragilidad.
Este episodio se suma a una serie de tensiones entre los mandatarios, marcadas por profundas diferencias políticas y de enfoque en seguridad regional. Ecuador ha insistido en la necesidad de reciprocidad en el control fronterizo frente al narcotráfico, sin obtener una respuesta efectiva. Esta falta de cooperación debilita la lucha contra el crimen organizado y genera desconfianza.
A ello se suman reiteradas injerencias de Petro en asuntos de política interna ecuatoriana y la administración de justicia, violando la soberanía, emitiendo criterios en favor de una persona sentenciada por la justicia local, otorgándole ciudadanía colombiana, calificándola como perseguida política, lo que contribuye a deteriorar aún más la relación bilateral.
En el ámbito económico, la falta de cooperación en seguridad derivó en una escalada comercial. Ecuador elevó progresivamente los aranceles a importaciones colombianas, del 25 % hasta el 100 %, medida replicada por Colombia. Así, la reciprocidad ausente en la lucha contra el narcotráfico sí se trasladó al comercio, afectando a ambos países.
Las mesas de diálogo bilateral tampoco han producido avances. Han estado marcadas por reproches cruzados, ausencia de acuerdos y el retiro de la delegación colombiana. En este contexto, la suspensión del diálogo por parte del Ecuador responde a una lógica de defensa soberana.
Más que un incidente aislado, lo ocurrido evidencia una relación deteriorada, donde las declaraciones sin sustento y la falta de coherencia política obstaculizan la cooperación. Es preferible esperar unos meses hasta que haya condiciones favorables que garanticen nuestra dignidad y soberanía como país. La verdadera “bomba” no fue un artefacto oxidado ni un bombardeo, sino el impacto de una diplomacia errática que exige mayor responsabilidad en sus declaraciones. (O)