La universidad es una institución con vida propia, generadora de pensamiento universal y transformador, con una profunda proyección social. La autonomía constituye una de sus esencias, porque la universidad debe ser espacio de libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de investigación y libertad de cátedra, sin influencias de ninguna clase ni ideologías. Debe enseñar qué pensar, no lo que debe pensar.
En el caso ecuatoriano, la Constitución reconoce expresamente a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, ejercida de manera solidaria y responsable.
Y justamente porque hablamos de autonomía responsable, se debe evitar los dos extremos: ni intervencionismo estatal que termine administrando desde fuera a las universidades ni una concepción de autonomía que pretenda colocar a la institución por encima de la ley, toda vez que la autonomía no significa autarquía, que consiste en el dominio de sí mismo de un Estado o institución independiente, que se rige con sus propios recursos y medios, sin depender de nada ni de nadie.
Tampoco significa soberanía, ausencia de responsabilidad o sin control o supervisión de determinados procesos generales y comunes a todos los actores del sistema. Las universidades y sus miembros están sujetos al ordenamiento jurídico, a la evaluación de la calidad, a la rendición de cuentas y al cumplimiento de sus fines institucionales.
La libertad de cátedra es otro de los pilares fundamentales de la universidad y su autonomía. Precisamente por ello debe ser defendida frente a cualquier intento de instrumentalización ideológica. El sistema educativo debe formar a nuestros jóvenes para pensar, no indicarles qué deben pensar.
La universidad debe enseñar a argumentar, contrastar fuentes, investigar, cuestionar y llegar a conclusiones propias fundamentadas. No debe convertirse en instrumento de adoctrinamiento o ideologización de partidos, Gobiernos o movimientos ideológicos, sean de derecha o de izquierda.
Lamentablemente, desde hace algunos años, el sistema universitario ecuatoriano se ha visto invadido por profesionales extranjeros que, si bien en su gran mayoría enriquecen la internacionalización del conocimiento, existen algunos cuya misión específica parece que fuera el adoctrinamiento ideológico, fomentando la subversión y el terrorismo. Estos malos elementos deben salir del sistema universitario y del Ecuador para evitar que se siga perjudicando a nuestra juventud y sociedad.
Bien ha hecho la ministra de Educación, Gilda Alcívar, en levantar su voz de protesta contra una persona cuya actuación va más allá de un profesor, de una protesta pacífica, de la libre expresión, de la libertad de cátedra o autonomía universitaria, garantías que no se verán vulneradas si, aplicando las leyes, se hace respetar la soberanía de un Estado receptor.
Independientemente de cómo proceda la institución, utilizando la normatividad y mecanismos legales, el Gobierno, ahí sí como Estado soberano, debe actuar de inmediato en este y en otros casos análogos. No esperen la bola de nieve, el camino ya está señalado en dos casos anteriores. (O)
