Daría la impresión de que existen dos países: el real de los ciudadanos que viven angustias y esperan soluciones a los problemas principales (inseguridad, desempleo, acceso a la salud y a medicinas, educación de calidad, pobreza, seguro social sostenible, entre otros) y el de los políticos, que viven de promesas y engaños, de espaldas a la realidad.
Igual sucede con otras instituciones de control, la justicia, jueces ordinarios, nacionales y constitucionales, que no ven urgencias para actuar y contribuir al menos para paliar los problemas o agilizar la solución de conflictos o resolver procesos judiciales de manera oportuna y derrotar a la impunidad. Para ellos, el país no tiene urgencias.
Contrasta con aquellos que benefician con agilidad a delincuentes y/o políticos, que recibieran sentencias condenatorias ejecutoriadas, con el otorgamiento de acciones de protección, habeas corpus o medidas cautelares. Jueces que dilatan hasta la instalación de audiencias para que se formularan cargos a exfuncionarios corruptos.
Mientras los candidatos desarrollan su campaña, las instituciones están seriamente golpeadas, debilitadas y presionadas por la delincuencia organizada, conectada con sectores políticos que añoran el poder para lograr la impunidad de sus actos. Gran parte de ellas ya han logrado tomarse.
Un electorado decepcionado e indiferente frente al proceso electoral, que de no asumir un voto informado y responsable pudiera contribuir al inicio de una situación similar a la de Venezuela (dictadura), todos iguales pero en la pobreza y miseria, conculcadas sus libertades y pisoteados sus derechos. Eso explica la estampida de más de siete millones de venezolanos.
¿De qué democracia hablamos si aquí no funcionan a cabalidad las instituciones, que tornan ingobernable al país? La justicia con jueces, no todos por cierto, que actúan contra ley expresa para beneficiar a delincuentes y a condenados por corrupción, en medio de la lenidad, lentitud y complicidad del órgano administrativo y disciplinario, con tres de sus cinco miembros investigados y procesados penalmente por presuntas irregularidades y un delegado de la Función Judicial cuestionado, que exhorta a que sigan su (mal) ejemplo, en lugar de actuar diligentemente contra quienes denigran a la justicia. Con ese ambiente contaminado, sin ofrecer garantías ni seguridad, inician un proceso para la designación de jueces nacionales.
La Corte Constitucional, en la que se fincaban esperanzas con sus acciones, se tornó en una de las responsables del actual estado de incertidumbre al precipitar con su dictamen las elecciones anticipadas. Hoy se ha tornado en la institución que califica la urgencia en materia económica sin tener expresamente esa atribución y que dicta fallos con sesgo político. No reparan en que el deterioro del actual estado de cosas los puede llevar al mediano plazo a la salida de sus cargos. Recuerden, ya pasó hace 16 años.
Un Consejo de Participación Ciudadana que conspira para obstaculizar y destruir el trabajo de la fiscal que persigue a delincuentes y políticos, en claro beneficio de quienes quieren tomarse el poder atropellando todos los procedimientos. (O)