Del primer levantamiento indígena de 1990 a octubre de 2019, junio de 2022 y ahora septiembre-octubre de 2025, ¡cómo cambiaron las actitudes! Más allá de las justas demandas que por décadas no han sido atendidas, especialmente los problemas estructurales en el campo. El junio de 1990 fueron recibidos en Quito, en el primer levantamiento en la historia reciente, por el gobierno de entonces (Rodrigo Borja, 1988-1992). Problemas existentes y aspiraciones legítimas fueron planteadas. Litigios de tierras que no habían sido solucionados por años, entre otros.

El Gobierno abrió el diálogo con la participación directa de la Iglesia católica, que —hay que decirlo— en esos tiempos tenía una gran influencia, especialmente en comunidades de las provincias centrales, porque habían vivido de cerca la realidad indígena.

Autoridades civiles y militares escucharon las justas demandas de dirigentes firmes, pero no violentos y peor patrocinadores de vandalismo y actos terroristas, que con el paso de los años cambió todo el panorama y se transformó en ataques y destrucción de ciudades, sin entrar en razón en las formas de los reclamos.

Se resolvieron casos de reforma agraria y conflictos de tierras; se entregaron títulos de propiedad, con la ayuda de la Iglesia católica alemana; se reanudó la educación cultural bilingüe, entre otras cosas.

En esa ocasión se dijo que sin un diálogo honorable y respetuoso no se podían resolver los problemas. ¡Fueron otras épocas!

En el 2019 y 2022 incendiaron edificios, cortaron servicios básicos, se injurió y se sometió a las autoridades a la mesa de diálogo por el “delito” de reducir o eliminar los subsidios a combustibles, que han sido perversos y que han beneficiado a los que más tienen, al contrabando, al tráfico de derivados del crudo, a la minería ilegal, el narcotráfico. Las legítimas aspiraciones, no atendidas por años por el Estado, no justifican que se hayan transformado en ataques violentos, atentados contra la libre movilidad de la gente, imposición a la fuerza para suspender la producción, la industria, el comercio, la salida de productos básicos del campo, lo cual afecta a todos, incluidas las comunidades indígenas. Se ha llegado a tal distorsión, en medio de un país sin pleno funcionamiento del sistema democrático, de las instituciones, los organismos de control, incluido el ente llamado al control constitucional, que con fallos sesgados ha permitido la aplicación equivocada de la justicia indígena, a tal punto que quieren imponer un Estado dentro del Estado. Aplican arbitrariamente contra quienes, amparados en la ley, pretenden poner orden y garantizar la seguridad interna de todos en medio del vandalismo y actos terroristas.

¿En dónde se perdieron los reclamos justos y civilizados? ¿Qué quieren hoy?, ¿destrucción? Cómo se puede aceptar que un dirigente anterior y que fuera candidato presidencial haya dicho públicamente que las protestas violentas organizadas por el movimiento indígena implicaron gastos por cerca de $ 200 millones, que mereció cuestionamientos por no justificar la procedencia de esos dineros y porque haya servido para fines vandálicos, que pudieron destinarse a obras en las comunidades.

Los dirigentes están llevando por mal camino a las comunidades y han deslegitimado y distorsionado los justos reclamos que deben ser atendidos. (O)