Dos temas: deportaciones, y la bárbara matanza en las cárceles.
Estados Unidos acaba de revocar su protección legal, la llamada TPS, a unos 600 mil venezolanos, que se habían refugiado en su territorio, huyendo del régimen chavista-madurista, y que, por tanto, pueden ser deportados en cualquier momento. La opositora, señora María Corina Machado, no los defiende, sino que se allana a esta decisión “del mejor presidente del mundo”, como ella llama al señor Donald Trump. Esos venezolanos son opositores del régimen actual y no deben ser deportados a su país, obviamente. Por alguna publicación que he visto, y por la visita al Ecuador, en estos días, de una ministra del Gobierno de Estados Unidos, con el objeto de seleccionar lugares para una eventual instalación de bases militares, y de otras similares, habiendo sido acompañada para el efecto por el propio presidente del Ecuador, es de temer que soliciten que recibamos a esos ciudadanos venezolanos, o una parte de ellos, lo que sería una indebida, incómoda, carga para el Ecuador.
Repetiremos, hasta el cansancio, que las bases militares no ayudaron en nada en el pasado, y no lo harán en el futuro, y nos exponemos a que siempre nos pidan prórrogas y no las recuperemos nunca. Las bases norteamericanas, instaladas durante la Segunda Guerra Mundial, perjudicaron al Ecuador: produjeron un serio daño ecológico a Galápagos, y destruyeron las instalaciones que no podían llevarse, en las islas y en Salinas. Más tarde, en Manta, no disminuyó la criminalidad con su presencia, más bien aumentó; disminuyó cuando se fueron. Además, lo que hubo fue presencia de soldados, no de policías.
Entregar bases militares, hoy en día, es riesgoso, porque hay en nuestra área presencia de otras grandes potencias competidoras de Estados Unidos y que la desafían. Es el caso de una amenaza de intervención de EE. UU. en Venezuela y que ha dado lugar a declaración de apoyo por parte de Rusia y China, incluyendo soporte militar. Una base militar de Estados Unidos puede dar lugar a represalias de otras potencias. Las cosas han empeorado por los enfrentamientos entre los presidentes de EE.UU. y de Colombia. La sola amenaza de una intervención de Estados Unidos ya divide a los países latinoamericanos. Una real intervención provocaría una real división.
La matanza que se ha producido en la cárcel de Machala nos conmueve, sí, y nos llena de vergüenza. Uno de los ministros ha sentenciado que el SNAI ha fracasado; es más que eso, ha fracasado el Estado como tal. Y la información proporcionada por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) es pobre, ridícula, no explica y confunde. Dicen cosas como que ha habido “ahorcamiento entre ellos”. En la CNN pidieron que se proporcione una explicación para que se entienda. Así lo han reclamado medios nacionales y la ciudadanía en general. La cifra de más de 30 muertos es escalofriante; y en masacres de este tipo, desde 2021, llegan a 500 los asesinados. En esta materia, se ha perdido todo control y hay que reconstruirlo enteramente, desde el principio. (O)