“La mafia es un hecho humano y como todo hecho humano tiene un principio y también tendrá un final”, Giovanni Falcone, reconocido magistrado italiano.

Enfrentar la delincuencia organizada transnacional es una responsabilidad internacional que compromete a la cooperación jurídica integrar esfuerzos recíprocos en torno a la seguridad y la justicia de los Estados. Una cooperación que fortalece la vigencia del Estado de derecho, la independencia del Poder Judicial y la modernización del sistema de justicia para hacer de la lucha contra el crimen organizado una política de Estado.

La criminalidad organizada transnacional se manifiesta a través de las formas más graves de delincuencia: el tráfico de drogas; los actos de terrorismo como el homicidio, el secuestro y la extorsión; la corrupción, el lavado de dinero, el tráfico de armas, el cibercrimen, entre otras, que al internacionalizarse a través de la expansión de los mercados se convierte en una criminalidad financiera transfronteriza, reflejada en elevados lucros ilícitos que se integran en la economía legal de los Estados involucrados.

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Frente a esta dinámica internacional del crimen organizado, la cooperación jurídica es más necesaria que nunca, pues activa esfuerzos multilaterales y bilaterales, de la diplomacia jurídica; así como institucionales, de la administración de justicia, para generar políticas de justicia y seguridad con altos estándares jurídicos del Derecho Internacional de Derechos Humanos, que dan no solo legitimidad sino también legalidad a la lucha contra el crimen organizado.

Un ejemplo relevante es el programa de asistencia técnica que desarrolla la Unión Europea con América Latina para armonizar los sistemas de justicia, crear capacidades jurídicas efectivas y construir un sistema de gobernanza internacional en justicia penal especializada contra el crimen organizado. En Ecuador se desarrolla el Programa Europeo de Emergencia para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario orientado a mitigar los efectos indirectos de la actual crisis carcelaria y penal del país. Especial cooperación técnica realiza Italia que, como Estado antimafia, ha desarrollado una normativa penitenciaria para la clasificación y tratamiento individualizado de reclusos de alta peligrosidad, que son sometidos a un régimen carcelario, denominado 41Bis, para aislar e impedir que estos continúen controlando y dirigiendo el crimen organizado desde las cárceles.

Un objetivo importante de la cooperación jurídica internacional es fomentar que los Estados regulen la confiscación de activos de la delincuencia organizada para convertirlos en un patrimonio público al servicio del bienestar social, de esta manera la sociedad recibe el beneficio directo de la lucha contra el crimen organizado, y al mismo tiempo se recupera la confianza ciudadana en las instituciones públicas y se fortalece la cultura de legalidad.

La lucha contra el crimen organizado es una lucha internacional, que exige responsabilidad recíproca y solidaria entre los Estados y al mismo tiempo un sólido respeto a la soberanía nacional. (O)