No se necesita ser economista ni un odioso neoliberal para saber que el control de precios de los productos de primera necesidad genera más problemas que los que intenta solucionar. Las intervenciones que se hacen en ese sentido incentivan el mercado negro, alientan el contrabando (desde y hacia el país), promueven el acaparamiento y fortalecen a las mafias que viven del comercio oculto. Terminan perjudicados los pequeños y medianos productores y los grupos de menores ingresos. Por todo ello, llama la atención que ese sea uno de los temas centrales del diálogo entre el Gobierno y las organizaciones indígenas.

Se entiende que estas últimas lo hayan colocado en la agenda porque allí se impone el discurso demagógico del máximo dirigente de la Conaie. Él logra un efecto movilizador porque lo plantea astutamente como la vía para que los grupos más necesitados accedan a los productos de primera necesidad. En ese discurso no caben aspectos tan obvios como la estacionalidad de la producción agrícola, que incide sobre costos y precios, o los altibajos del mercado externo y el vaivén de las divisas, que determinan los niveles de las exportaciones y las importaciones. Aunque alguien le explicara todo ello y le demostrara que su exigencia es absurda, el dirigente indígena no la cambiaría porque su objetivo no es la solución de este o de cualquier otro problema. No le importaría porque su intención es doblegar al Gobierno –al actual o al que venga– para alcanzar un espacio que jamás lo tendrá por la vía electoral.

...sorprende que el Gobierno -que agrupa a tantos adoradores del mercado- haya aceptado...

Precisamente por eso sorprende que el Gobierno –que agrupa a tantos adoradores del mercado– haya aceptado que le impongan este tema en el diálogo. La falta de visión política mostrada en todo este proceso se hace más evidente en este punto. Aceptarlo significa entrar en el callejón de la demagogia, ya que no existe un arreglo posible. No se trata de encontrar un punto intermedio entre dos posiciones contrapuestas, sino de la introducción de un elemento distorsionador en la economía nacional. Además, su aplicación abrirá la puerta a futuras protestas, porque será imposible cumplir con una medida de ese tipo. Económica y políticamente es una bomba de tiempo.

Es innegable que la comercialización de los productos agrícolas constituye un problema que debe ser atendido y que no puede quedar únicamente a cargo de la mano invisible del mercado (que, en realidad, son manos muy visibles). Pero, las soluciones se encuentran en el mismo mercado. Una de estas es el apoyo a sistemas de comercialización que incluyan a los productores. Una experiencia exitosa, que podría ser emulada, es la de las queseras de Salinas que, a diferencia de muchos proyectos de desarrollo rural, no propone la producción de pobres para pobres. La venta de derivados lácteos a sectores de alto poder adquisitivo produce una redistribución automática del ingreso. Es una modalidad que debería dar lugar a una política pública para un alto número de productos agrícolas.

Esos temas deberían constituir el núcleo del diálogo. Para eso debería existir en el Gobierno alguien que piense en lo social y que la dirigencia de la Conaie se preocupe por el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos indígenas. Pero, no hay lo uno ni lo otro. (O)