Existe democracia y Estado de derecho, con separación de poderes, y mecanismos de control mutuo y cuando se observa la confianza ciudadana en el accionar de las instituciones en el funcionamiento del Estado en la búsqueda del bien común. Pero la confianza radica en el margen de credibilidad ciudadana en ellas por parte de los gobernados. Cuando es palpable el convencimiento mayoritario negativo acerca de esta, podemos decir que indudablemente el Estado de derecho y la democracia están en crisis.
El deterioro de nuestra democracia arranca desde la vigencia de la constitución de 2008 y del Estado Constitucional de Derechos. La inserción de un cuarto poder, que absorbió facultades de los otros tres tradicionales, a pretexto de una mayor participación de la ciudadanía en el manejo del Estado, cuando en realidad implantó la antidemocracia, mediante el CPCCS (Consejo de Participación Ciudadana y Control Social), con funciones propias de los otros tres poderes, concediéndole controles arbitrarios y con la proliferación de derechos como mecanismo demoledor del Estado de derecho, que han generado los resultados previstos.
Los últimos acontecimientos políticos-jurídicos-judiciales han colmado la paciencia, la credibilidad, las dudas y el hastío ciudadano en sus instituciones y la justicia. En todo el sistema democrático. En la existencia del Estado de derecho. Aunado a la pobreza y crisis económica habitual, exacerbada por la pandemia, el crimen organizado, el terror y el narcotráfico han llegado a límites peligrosos. Proporcionan la certeza de que el sistema político está podrido y corrupto a punto de implosión.
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Amenaza la desconfianza ciudadana con desconocer el sistema de gobierno y la existencia de su capacidad de control ante la crisis. Exige un cambio fundamental en sus estructuras. Podría llegar hasta propiciar una reacción ciudadana popular contra sus instituciones democráticas, como único medio de erradicar el libertinaje y su putrefacción, sacando a flote la antidemocracia. Caldo de cultivo para una verdadera anarquía, que podría derivar en un sistema autoritario, el que mediante el uso del poder y la fuerza implante el orden requerido, eliminando el Estado de derecho. Pero la democracia, felizmente, igual que todo organismo viviente, activa sus anticuerpos. Entran en funcionamiento ante el peligro que implica la antidemocracia que actualmente la amenaza. Logran combatir efectivamente a la infección invasora: la ambición, la corrupción y el crimen organizado, enraizados en la Asamblea Nacional, la justicia y el narcotráfico, mediante una verdadera transformación del sistema y de las actuales estructuras.
Tiene sus errores. Felizmente, también soluciones. La expedición de la muerte cruzada, la implantación de la Constitución de 1998, derogando la actual, y la renovación de la justicia mediante el próximo plebiscito, sumadas a la guerra sin cuartel al crimen organizado y al narcotráfico, son los anticuerpos salvadores para nuestra democracia gravemente enferma. El presidente Lasso, designado electoralmente como su médico de cabecera, debe proporcionarle estas medicinas de inmediato para salvarla, ¡o expira su paciente! (O)
