El presidente Guillermo Lasso envió a la Asamblea Nacional un proyecto de reforma tributaria encaminado a reducir la carga impositiva a quienes ganan entre $ 2 mil y $ 4 mil mensuales. Lo hace en desagravio por el alza de impuestos de noviembre 2021, que giró de manera exclusiva en la elevación de la carga tributaria de estos contribuyentes y las empresas. Precisamente, empresarios y clase media alta fueron los más entusiastas seguidores de Lasso candidato y sus promesas de reducir los impuestos y crear un mejor entorno para la economía privada.

El proyecto enviado por Lasso en 2021 contenía un alza de impuestos en exceso de lo que el Gobierno pretendía, con el objetivo de tener espacio para negociar con los asambleístas. Pero hábilmente, el correísmo orquestó un supuesto descuido legislativo, y el proyecto pasó como lo propuso el presidente. El propósito era desencantar a los más fervientes partidarios del presidente, y el correísmo logró ese objetivo.

Apoyos y reparos para la reforma tributaria del Ejecutivo se anuncian desde las bancadas legislativas

A la Corte Constitucional no le gustó la abolición del impuesto a la herencia y eliminó ese capítulo de la reforma. También eliminó el sistema simplificado de impuesto a la renta denominado Rimpe, y el nuevo proyecto incluye un nuevo esquema de Rimpe.

Hoy el Gobierno propone mediante una ligera reforma a las tablas del impuesto a la renta y la reintroducción de deducciones de la base imponible según el número de cargas familiares, reducir el peso tributario de las familias en $ 195 millones. Busca compensarlo en parte con una reducción de beneficios a empresas, que aún no está definida.

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Si bien hay justicia en aliviar la carga tributaria a las familias, la iniciativa viene en momento poco oportuno. Podría creerse que las finanzas públicas están boyantes, pero es todo lo contrario. Ni bien subieron los impuestos en 2022, la Corte Constitucional dispuso la empinada elevación del sueldo de los maestros, sin financiamiento. Posteriormente la Corte tornó más complicada el otorgamiento de licencias ambientales, con lo que tiene paralizados por lo menos 100 proyectos importantes de inversión, lo que frena la recuperación económica, la creación de empleo y la recaudación tributaria. Se ha abierto el déficit fiscal, hay un deterioro frente a 2022. El Gobierno no podrá ejecutar el presupuesto en su totalidad e incurrirá en atrasos.

Los campos distintos al ITT están en declinación. Este sería el fin de la era petrolera.

Las cosas se ponen más críticas con lo que esta semana la Corte Constitucional dio luz verde a una consulta popular sobre el petróleo en el Yasuní, y adelantó que la actividad petrolera debe desmantelarse en un año, de ganar el sí. Con eso se perderían 55 mil barriles diarios de producción, caerán las exportaciones de petróleo al mismo nivel de las importaciones de hidrocarburos, y se hace humo la renta petrolera.

Los campos distintos al ITT están en declinación. Este sería el fin de la era petrolera. La minería que se vislumbraba podía tomar la posta del petróleo se desarrolla muy lentamente ante los múltiples obstáculos que le pone la Corte Constitucional, cuya mayoría exhibe evidencias de ser presa de un ecologismo utópico.

El fisco deberá reemplazar a la renta petrolera perdida con la eliminación del subsidio de los combustibles o un aumento brutal de los impuestos. La decisión sobre el Yasuní la sentiremos en el bolsillo. (O)