Las ascendentes exportaciones agropecuarias son la mejor alternativa para impulsar el desarrollo nacional, siendo una forma de promoverlas el fortalecimiento de las cadenas agroproductivas y exportadoras en que cada uno de los enlaces que las forman son esenciales, su accionar tiene que ser equilibrado sin lugar a flaqueza de ninguno de ellos, porque daría al traste con la totalidad del esquema. La agricultura estaría seriamente amenazada por el impacto que acarrearía la desaparición de los puertos privados de Guayaquil, que le da el honroso calificativo de ciudad-puerto, por donde se moviliza el 92 % del comercio exterior del país que quedaría a merced de una sola terminal regentada por una empresa filipina del concesionado terminal Contecon Guayaquil S. A., que ha planteado, por tercera vez en el presente año, una demanda de inconstitucionalidad de los artículos de la Ley General de Puertos y su reglamento, que garantizan la inversión pública y privada en los puertos ecuatorianos que, de llegar a prosperar, crearía un funesto monopolio para el acceso marítimo a Guayaquil o un oligopolio, si se incluye en el análisis al enclave de Posorja, reviviendo esas aberrantes figuras mercantiles, que desencadenarían en aumento de fletes marítimos por las demoras en embarques y pérdida de competitividad agraria.
Se justifica el enojo del dinámico comercio exterior no petrolero, con especial énfasis en los elementos que activan en la producción bananera, que han encontrado una excelente respuesta para la movilización de la fruta perecible en la eficacia de los puertos, tanto de los concesionados estatales o en alianza público-privada, como de los financiados por inversionistas privados, forma que ha contribuido para que Ecuador responda con eficacia al aumento de la demanda internacional, no solo de banano y plátano, sino de otros productos de la rica y diversa agricultura nacional, permitiendo su acceso a los diversos núcleos comerciales del mundo. El fondo de la controversia radica en que dos de los principales clientes navieros de Contecon decidieron migrar, el uno a Posorja y el otro a una terminal privada de la ciudad.
De aceptarse la demanda se daría paso a una tremenda injusticia que afectaría a miles de ecuatorianos vinculados con lo agrario, porque trastocaría la esencia de un producto creador de empleos, pues una de las fases decisivas de su fructífera cadena son los embarques oportunos de una fruta altamente perecible que se retrasaría por insuficiente capacidad de una sola terminal para atender el volumen creciente de una fruta que no admite demoras por congestión de las vías de acceso a una sola terminal, a lo que se sumaría el espectro de desocupación absoluta para los obreros y empleados que laboran en los actuales puertos privados.
La Corte debe impedir que se desbarate el vigente modelo portuario que Contecon prometió respetar en sus contratos de concesión estatal (el actual y el ampliatorio), obedeciendo un esquema de libre competencia, garantizando además la coexistencia con sus similares privados, principio que, como en otros vinculados con la agricultura, el alto Tribunal debe observar. (O)
