De acuerdo con el artículo 233 de la Constitución, los delitos  por enriquecimiento ilícito son imprescriptibles. Las personas contra quienes exista sentencia condenatoria ejecutoriada por los delitos, enriquecimiento ilícito, testaferrismo; así como lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada, relacionados con actos de corrupción, estarán impedidas para ser candidatas a cargos de elección popular, contratar con el Estado, desempeñar empleos o cargos públicos y perderán sus derechos de participación. 

En el COIP, Código Orgánico Integral Penal, (Art. 16.4) las infracciones por delitos de enriquecimiento ilícito son imprescriptibles tanto en la acción como en la pena; (Art. 75.3), no prescriben las penas determinadas por delitos de enriquecimiento ilícito; (Art. 279), serán sancionados con pena privativa de libertad entre 3 a 10 años, según el caso; el testaferrismo (Art. 289) será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años; enriquecimiento privado no justificado (Art. 297) será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. 

En la Constitución existe una disposición derogatoria que dice: “Se deroga la Constitución Política de 1998, y toda norma contraria a esta Constitución. El resto del ordenamiento jurídico permanecerá vigente en cuanto no sea contrario a la Constitución”, y el título III de Garantías Constitucionales capítulo I, Garantías Normativas (Art. 84), establece que la Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrán la obligación de adecuar, formal y materialmente las leyes. 

Por lo tanto, opino que deberían reformar el artículo 94 del Código Tributario para que no aplique la caducidad, o sean imprescriptibles los actos de determinación tributaria, para sujetos pasivos que hayan cometido infracciones por lavado de activos, enriquecimiento ilícito público o privado no justificado; testaferrismo, o defraudación tributaria, o para los contribuyentes declarados como inexistentes o fantasmas, y cumplir con lo que disponen los artículos 48 y 48.1 de las normas de prevención de lavado de activos, financiamiento de terrorismo y otros delitos.(O)

Carlos Julio Govea Maridueña,

ingeniero comercial, Guayaquil